Ojeda, Pilar Sánchez y Fernández: los nombres más conocidos de los casos de formación

Las decenas de detenciones de este martes en Andalucía en el marco del «caso Edu» (en esta caso, la operación «Edu Costa»), han sumado algún nombre más a la lista de políticos, sindicalistas y empresarios conocidos que tendrán que responder por el supuesto desvío de fondos para formación de parados en la Comunidad.

El nombre más mediático de los que han saltado este martes a la luz es el de la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pilar Sánchez . Cabe recordar que Sánchez no está solo imputada por esta causa, y que ya ha tenido que responder ante la Justicia en el «caso PTA» (por la compraventa de unos suelos) y fue condenada a dos años de prisión, nueve de inhabilitación especial para cargo público y al pago de una multa de 8,6 millones de euros por el caso desvío de fondos del Plan E.

Otro de los nombres propios en el caso de supuesto desvío de fondos de formación es el del extesorero de UGT Andalucía Federico Fresnada , quien, junto a otros compañeros del sindicato , fue detenido por, supuestamente, presentar facturas falsas para justificar subvenciones. Una compleja operación de ingeniería financiera servía al sindicato hermano del PSOE para justificar irregularmente ante la Junta de Andalucía subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo .

También en Sevilla la juez Mercedes Alaya investiga a dos exconsejeros de la Junta de Andalucía: Ángel Ojeda y Antonio Fernández . Ojeda, consejero de Hacienda entre los años 1987 y 1990, fue detenido el pasado verano junto con otras personas (entre las que se estaba su hijo Marcos) tras el informe de la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) en el que se señalaba que trece empresas de su entorno habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del SAE, entre 2011 y 2012.

La juez Alaya señala también a Antonio Fernández, consejero de Empleo de la Junta con Manuel Chaves entre 2004 y 2010. La juez considera que mientras ocupó el cargo de consejero, concedió «con ausencia de procedimiento» distintas subvenciones para la formación de los extrabajadores y autorizó la subcontratación de actividades formativas sin estar permitido . Además, el exconsejero habría concedido supuestamente becas a los trabajadores por asistencia a los cursos «por encima del máximo legal establecido». En total, Alaya cree que desde su consejería se otorgaron 950 millones de euros de dudosa legalildad .