Las retenciones de la Junta bajo sospecha llegan hasta 1.829 euros por funcionario

Las cantidades que la Junta de Andalucía podría haber retenido de un modo irregular a «un gran número de empleados públicos», según la estimación de la Inspección de Trabajo, se sitúan en una horquilla comprendida entre 561 euros y 1.829 euros. Éste es el cálculo que realizan los trabajadores de la Administración autonómica que se han dirigido al citado organismo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que les comunicó a varios de ellos hace tres semanas que ha abierto una investigación sobre la posible bajada arbitraria de las bases de cotización de sus nóminas, tal y como avanzó este periódico en su edición de ayer.

Estas retenciones anómalas registradas en el segundo semestre de 2012, que los empleados sospechan que la Junta no ha ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ascienden a 1.829 euros en el caso de los funcionarios de nivel A y bajan por tramos hasta 1.712, 1.690, 1.500 y 561 euros si se trata de personal perteneciente al cuerpo de auxiliares administrativos.

Por su parte, la Consejería de Hacienda negó ayer que haya cometido irregularidad alguna en relación con la bajada de la base de cotización de los empleados públicos de la Junta entre julio y diciembre de 2012, al subrayar que la medida tiene como referente una normativa del Estado. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero señalaron que efectivamente la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha abierto una investigación a raíz de las denuncias de algunos de los afectados, de la que aún se desconoce el resultado. Pero añadieron que la decisión fue en respuesta a «una normativa estatal».