Alaya pregunta al Ministerio de Empleo la cuantía de las subvenciones a Delphi

La juez Mercedes Alaya sigue avanzando en la investigación de los ERE fraudulentos a la espera de que el Tribunal Supremo avance en la pieza abierta contra los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

Tras varios días en su despacho este pasado lunes notificó a las partes personadas en el caso un auto sobre las subvenciones otorgadas a trabajadores de Delphi y las indemnizaciones por despido por valor de 120 millones de euros. 

Según el auto de la magistrada, al que ha tenido acceso ABC, la Junta de Andalucía firmó en julio de 2007 un protocolo con los sindicatos CC.OO. UGT, USO y CGT por el que las partes se comprometieron a adoptar distintas medidas tanto formativas como económicas para mitigar la incidencia del citado ERE.

Así las cosas la Junta de Andalucía subvencionó al cincuenta por ciento con el Servicio Publico Estatal ayudas por valor de 47,5 millones de euros para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores de la Bahía de Cádiz. Igualmente, según el auto de Alaya, el Estado financió con 18 milones de euros parte de las acciones de ese plan de empleabilidad y la Junta aportó para ello otros 6 millones de euros.

Ahora Alaya asegura que las normas que establezcan las bases reguladoras de las subvenciones en materia laboral deberían ser dictadas por el Estado , y que correspondería a cada comunidad exclusivamente su ejecución y control. Por ello solicita a la  Intervención General del Estado que le explique qué norma estatla debe ser aplicada para determinar la cuantía de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía  y cual es la cuantía individual de dichas subvenciones.