La interventora de la Junta alerta del descontrol «generalizado» de los cursos

La estrategia obstruccionista de la Junta de Andalucía en las investigaciones de casos de corrupción no se circunscribe a la juez Mercedes Alaya ni a la compleja instrucción de la trama de los ERE fraudulentos. Los propios órganos de la Administración encargados de velar por la legalidad de las actuaciones del Gobierno andaluz censuran los obstáculos que tienen que sortear para fiscalizar fondos públicos. La interventora provincial de Sevilla, Victoria López Gutiérrez , deja constancia de la «falta de colaboración» de la Junta en un informe especial que analiza las subvenciones repartidas en el programa de Formación Profesional para el Empleo entre los ejercicios de 2009 a 2012 por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La auditoría, a la que ha tenido acceso ABC, firmada el pasado 20 de junio, enumera hasta 32 «agujeros negros» o incumplimientos de la Junta en la totalidad de los expedientes examinados. El catálogo de deficiencias es muy extenso : no se comprueba si las ayudas se ajustan a los programas comunitarios pese a que el 80% de los fondos proceden de la UE ; se presentan solicitudes de subvención «ilegibles y por duplicado» y con fechas que no cuadran; «incongr uencia entre la documentación incluida en algunos expedientes en cuanto a la fecha de finalización de los cursos, costes de los mismos, número de alumnos »; se amplían los plazos de ejecución de las ayudas sin que consten circunstancias excepcionales, y «los cursos empiezan con 15 alumnos, si bien numerosos de ellos finalizan con menos del 15%».

Después de examinar 64 expedientes seleccionados mediante un muestreo, la interventora censura «la falta de colaboración del gestor (en alusión al SAE), tanto por el retraso en la entrega de la documentación requerida, como por la falta de envío de parte de dicha documentación (un 15 por ciento de los expedientes administrativos no han sido remitidos)». Le reprocha que ni siquiera se toma la molestia de justificar por qué no ha atendido los sucesivos requerimientos de documentación. Cansada, la alta funcionaria acaba tirando la toalla: «La falta de documentación y/o información en los expedientes remitidos, la inclusión de documentación ilegible y/o desordenada , así como la falta de remisión de los expedientes que conforman la muestra (solicitó 75, pero sólo le enviaron 64) no permiten a esta Intervención Provincial concluir sobre si el Servicio Andaluz de Empleo ha cumplido con la normativa de aplicación», lamenta.

El órgano fiscalizador condensa en 35 páginas el descontrol instalado durante años en la gestión de los cursos sin que ningún responsable político tomara decisión alguna para frenar las irregularidades hasta que la Policía Nacional destapó una absoluta falta de control a partir de la denuncia particular de un profesor.

No hay fase de tramitación de los expedientes (concesión, pago, seguimiento, evaluación) que esté libre de sospecha. Los plazos de justificación «están excedidos», mientras que los datos de justificación «son incorrectos o incoherentes conforme a la documentación que obra en los expedientes», según especifica el informe. En la mitad de las 64 subvenciones remitidas, la Junta libró al beneficiario de la obligación de justificar fondos para seguir dándole ayudas, pero no aporta «la resolución motivada que exige» la Ley General de Hacienda Pública.