Los Metros de Sevilla y Málaga costaron 2.486 millones más de lo previsto

El coste de la construcción y explotación de los Metros de Sevilla y Málaga se disparó en 2.486 millones de euros más, según revela la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe que analiza las actuaciones público-privadas de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2013 y que ha sido difundido hoy. Ambas infraestructuras de contrataron bajo la citada fórmula, que consiste en que el concesionario construye, financia, explota y finalmente transfiere a la Administración la infraestructura.

El contrato del Metro de Sevilla se firmó el 24 de junio de 2006 y finalmente ha costado 2.538 millones de euros entre construcción y explotación. El presupuesto de adjudicación era de 1.444,33 millones de euros, pero se ha incrementado en 1.095 millones de euros más, lo que representa un desvío del 75 por ciento de la cifra prevista en la adjudicación. El incremento obedece tres factores: 46 expedientes de modificación del contrato por importe de 202,42 millones de euros, 44 facturas emitidas entre 2007 y 2010 por 41,14 millones y 18 expedientes de contratación que significaron un incremento de 50,63 millones más.

En cuanto al Metro de la capital malagueña, el contrato se firmó el 2 de diciembre de 2004. La infraestructura costó 2.622,9 millones de euros, un 112 por ciento más. La obra fue adjudicada en 1.232 millones de euros. Pero se produjo un sobrecoste derivado de 19 expedientes de modificaciones que ascendieron a 207,88 millones, así como a facturas realizadas al terceros fuera de la concesión debido al rescate parcial de dos tramos. Todo ello motivó que los trabajos se dispararan en 1.391 millones de euros sobre el presupuesto de adjudicación.

Los auditores de la Cámara de Cuentas advierten a la Junta de Andalucía de que el «argumento definitivo» para optar por la financiación público-privada en la ejecución de infraestructuras «no debe ser en ningún caso la repercusión en el déficit y el endeudamiento», por lo que defiende que «el uso de esta modalidad debe justificarse mediante un análisis previo que compare la alternativa pública con la público-privada».

Este informe se conoce una semana después de que IULV-CA, socio del PSOE-A en el Gobierno andaluz, haya instado a la Junta en el Parlamento a poner coto a la «hipoteca abusiva» que supone la «mal llamada» colaboración público-privada como método de financiación para grandes infraestructuras y a realizar una auditoría de todos los contratos que existan en la actualidad a través de esta fórmula.

En su informe de fiscalización, consultado por Europa Press, la Cámara de Cuentas sugiere a la Junta «la transferencia efectiva del riesgo de construcción al contratista» para que «la fórmula de concesión de obra pública no afecte al cómputo del déficit y el endeudamiento». Para ello propone «no incluir en el objeto del contrato la redacción del proyecto constructivo correspondiente, quedando éste a cargo de la propia Administración o de un tercero independiente».

Además el órgano fiscalizador señala que, «dado el tratamiento contable de este tipo de concesiones, el Parlamento no tiene conocimiento ni autoriza el volumen de compromisos adquiridos, lo que no ocurre si la infraestructura es financiada a través de las formas tradicionales», por lo que recomienda que «en la documentación que acompaña al proyecto del presupuesto anual se incorpore de forma explícita información suficiente sobre estas operaciones y los compromisos que suponen a lo largo de todo su plazo de vigencia».