Cientos de investigaciones de salud en peligro por la lentitud de la Junta

La Fundación Pública para la Gestión de Investigación en Salud (Fisevi) es una empresa pública que trabaja en los hospitales de toda Andalucía; existe una por provincia. Entre otros cometidos se encarga de captar fondos, no solamente de España sino del extranjero, para desarrollar proyectos y pagar a los investigadores. Ayer, el comité de empresa de Fisevi en Sevilla denunció que la burocracia de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía está poniendo en peligro el trabajo de cientos de investigadores y la continuidad de los trabajos. Aunque éstos suponen un coste cero para las arcas de la Junta, por la Ley de Presupuestos Generales se estableció que debían contar con la autorización previa de la Consejería de Hacienda y esta lleva una demora de entre tres y cinco meses, según el comité.

Luis González Sanz, responsable de salud de CC.OO. en Sevilla, manifestó ayer a este periódico que el retraso de Hacienda es un auténtico «cuello de botella que hace que se tengan que despedir investigadores porque no llega el dinero para hacerles un contrato laboral o renovárselo si ya lo han iniciado». «Se da la circunstancia de que se está produciendo un retraso tal en la activación de los contratos del personal investigador que implica que un investigador deba permanecer en el paro por un periodo que está llegando a ser de 3 y 5 meses, para luego reincorporarse a su puesto», señala la nota de prensa enviada ayer a los medios.

La discontinuidad y los retrasos, explica González Sanz, no solamente es un problema grave para el personal investigador, sino que «el mismo organismo que ha aprobado el proyecto, pueda retirarlo y supenderlo porque no hay resultados comprobables». También se puede dar el caso que la entidad financiadora correspondiente en cada caso obliga a activar los contratos antes de una fecha límite so pena de que si no se hace, la contratación se suspende. También está ocurriendo que algunos investigadores en esta situación disponen de financiación para la realización de proyectos de investigación que evidentemente no se pueden ejecutar hasta que el investigador esté contratado, con el consiguiente riesgo de pérdida de esos fondos.