Las siete plagas burocráticas que sufre el empresario andaluz
La Junta impone nuevos informes de salud y de movilidad a los promotores de obras que contradicen su plan para reducir trabas administrativas
Hacer una obra o montar un negocio en Andalucía es una carrera de fondo. Los emprendedores deben recorrer un tedioso periplo por distintas administraciones (Gobierno central, Junta y ayuntamientos) para obtener permisos: se enfrentan a demoras injustificadas, a requerimientos de informes por duplicado, a una maraña normativa, a obstáculos y más obstáculos que alargan hasta nueve meses la apertura de un negocio. Expertos consultados por ABC identifican siete plagas que ahogan a las empresas en la comunidad con la tasa más alta de paro de España (35,2 por ciento):
1. Planes y más planes
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes un nuevo decreto que obliga a las sociedades a presentar un plan para evaluar el impacto en la salud de los proyectos urbanísticos, las industrias y las actividades cercanas a poblaciones sometidas al control medioambiental. «Se trata de una nueva carga administrativa que complica el inicio de actividades y encarece el coste de implantación», señala Eduardo Gamero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide. Dos meses antes, la Consejería de Fomento y Vivienda se descolgaba con otro anteproyecto de ley en el que los promotores de carreteras tendrán que presentar un informe de viabilidad que analice los costes de contaminación atmosférica y acústica, repercusiones en la salud y accidentalidad, entre otros múltiples factores.
2. Maraña de normas
La segunda plaga a la que se enfrenta un empresario es el caótico ordenamiento jurídico autonómico y local, que «ha experimentado un crecimiento exponencial, que se añade al estatal, generando un ovillo regulatorio difícilmente identificable e inteligible para el profano», expone el Observatorio Económico.
3. Lío de competencias
El permanente choque de trenes entre administraciones, celosas a la hora de preservar su cuota de poder, constituye un muro infranqueable para las empresas. Ignacio Sánchez de Mora, presidente de la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), lamenta que «en muchas ocasiones no están bien deslindadas las competencias». Pone como ejemplo la construcción de una depuradora: «No sabes dónde empiezan las competencias del Ayuntamiento, propietario de los terrenos, y dónde acaban las de la Consejería de Medio Ambiente o de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir», que representa al Estado. Y luego están lo que denomina los «vacíos» normativos, espacios de nadie, sin regulación, lo que «impide que avance la tramitación»..
4. Papeles y documentos superfluos
Licencias de apertura, cumplimiento de ordenanzas, inscripciones en registros, aportaciones de cuentas, planos, escrituras, CIF, DNI, informes de todo tipo (impacto ambiental, arqueológico), impuestos... Todo suma en la cuenta final. El presidente de Asica calcula que un informe de impacto medioambiental cuesta en torno a una sexta parte del importe total de la inversión. El último ranking Doing Business (Hacer negocios) que elabora el Banco Mundial sitúa a España en el puesto 52 de 189 países por sus ventajas para hacer negocios. Le superan Colombia, Eslovaquia, Túnez o Kazajastán. «En Andalucía no se han hecho estudios serios pero emprender es más oneroso que en otros lugares», sostiene Eduardo Gamero.
5. Desconfianza hacia el empresario
En el Gobierno andaluz conviven dos almas: el PSOE apuesta por la colaboración público-privada como método de financiación para la construcción de grandes infraestructuras e IU reniega de esta fórmula de su socio que, paradojas del destino, instauró con poco éxito, debido a la crisis, una antigua dirigente comunista, Rosa Aguilar, en su breve etapa como consejera andaluza de Obras Públicas. IU ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento en la que pide que se ponga coto a esta alternativa y que se realice una auditoría de todos los contratos que existan en la actualidad en la Junta. Gestos como éste y o el establecimiento de un impuesto a las grandes superficies comerciales, una iniciativa que no figura en el pacto de gobierno, espantan a posibles inversores.
6. Administración electrónica y ventanilla única
Andalucía ocupa una posición destacada en los rankings de implantación de servicios electrónicos por comunidades. Pero la asignatura pendiente son los ayuntamientos, «el hermano pobre de la simplificación». Ahí queda mucho camino por andar. «Si todo fuera normal, el ciudadano no tendría que preguntarse si una competencia es de la Junta, del Ayuntamiento o del Estado, bastaría con presentar los documentos», señala Sánchez de Mora, quien se queja de que en pleno siglo XXI haya que entregar papeles en mano y compulsar documentos directamente. En Andalucía escasean las ventanillas únicas.
7. Impuestos más altos
«Andalucía apenas tiene margen para elevar los impuestos, tiene el tipo marginal máximo en el 56%, el más alto de España junto a Cataluña», en opinión de Leonardo Neri, socio de Derecho Tributario del bufete sevillano Montero Aramburu. Un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales revelaba que una renta de 45.000 euros anuales paga 10.090 euros de IRPF en Madrid y 10.337 en Andalucía (247 euros más). Una alta presión fiscal anima a las sociedades a trasladarse a otros lugares que ofrezcan más incentivos.
