El auditor contratado por la Junta omitió las dificultades de la agencia de los ERE

IDEA, la agencia que pagaba los ERE fraudulentos, atraviesa por serias dificultades financieras que han obligado al Gobierno andaluz a reservar en sus presupuestos para 2015 una partida de 50 millones de euros para ampliar el capital social de este órgano adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

ATD Auditores Sector Público SL, que fiscalizó las cuentas de 2013 (también auditó las de 2012) por encargo de la Consejería de Hacienda, pasó por alto la situación crítica de la agencia y los riesgos que entrañaban la salpicadura de varios casos de corrupción. El socio director de la compañía y quien firma la auditoría es Alejandro Martínez Gómez, exasesor del ministro socialista Virgilio Zapatero. Según denunció el pasado lunes el portavoz adjunto del PP Antonio Sanz, en su etapa como auditor del Tribunal de Cuentas de España Martínez Gómez «exculpó al PSOE» en el caso Filesa. ATD Auditores fue contratada por la Junta para examinar las cuentas de IDEA y las agencias andaluzas de Cooperación y de Energía. A cambio de estos trabajos, a los que se han sumado las auditorías de algunas fundaciones de la Junta, ingresará 166.269 euros.

En su auditoría,ATD meciona el caso de Invercaria, la empresa autonómica de capital riesgo (propiedad de IDEA) investigada por malversación de fondos públicos, pero omite, por ejemplo, un detalle nada insignificante, como que todo el antiguo consejo rector está imputado y que su director general, Antonio Valverde, dimitió en junio tras la fianza millonaria que le puso la juez Alaya.

La empresa ATD anunció ayer una querella contra Sanz y negó que Martínez fuera el auditor que exculpó al PSOE en el caso Filesa, ya que el informe sobre este caso fue aprobado en junio de 1992, cuando estaba en excedencia. También negó el escándalo de la Expo. La auditora ha explicado en la nota que la adjudicación ha sido de un lote de tan solo 4 de las 21 fundaciones con participación mayoritaria del Gobierno andaluz (un 51 %) y que la causa de que haya sido elegida es «haber presentado la oferta de menor precio de las cinco empresas» que optaban al contrato.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, alegó que la competencia para auditar fundaciones es del Estado y le afeó al PP andaluz su «política de tierra quemada».