de cara a las municipales
Dimisiones de políticos en cascada en Andalucía
Responsables políticos de todos los partidos se han visto obligados a dejar sus sillones por escándalos de corrupción
Quedan pocos meses para las próximas elecciones municipales y los partidos políticos parecen someterse a un «blanqueamiento» que les rejuvenezca ante un electorado desencantado y aburrido de escándalos.
Los partidos emergentes —sobre todo Podemos— y el hastío social ante la sucesión de comportamientos poco éticos de algunos dirigentes han obligado lo que hace tiempo parecía impensable: que las formaciones políticas expíen sus «pecados» y hagan dimitir a sus elementos menos edificantes.
Uno de los más significativos es el de Alhaurín el Grande (Málaga), con el retorno a la alcaldía del expopular Juan Martín Serón tras cumplir su año de suspensión por el «caso Troya». La dirección provincial del PP intentó que sus entonces ediles frenaran esta maniobra, pero acabaron alineándose con su líder local, que seguía defendiendo una «teoría de la conspiración» contra su persona.
Lo cierto —Martín Serón se encargó de recordarlo— es que durante todo el proceso judicial, que se inició tras su detención en 2007, sintió el calor de muchos dirigentes de su partido que ahora reniegan de él.
José Manuel García en Sevilla
Otros políticos, presionados por la «nueva ola» regeneracionista, deciden dar un paso atrás cuando su nombre sale a la palestra. Es el camino seguido por el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, quien ha entregado su acta de concejal tras ser imputado por cohecho y fraude en la «operación Madeja» que instruye la juez Mercedes Alaya.
Similar ha sido el caso del secretario de Organización de la agrupación Centro del PSOE de Málaga y exgerente del consorcio Provincial de Bomberos (CPB) en esta provincia, José Luis Cámara, quien ha presentado su dimisión tras desvelarse en un proceso por acoso laboral que supuestamente contrató porque «no se la podía follar». Ha anunciado que se querellarán contra la denunciante, que ha ganado el juicio y deberá ser indemnizada con 10.000 euros.
El caso Enredadera
El exalcalde de Algeciras (Cádiz), el socialista Diego Sánchez Rull, ha sido otro que ha dejado sus puestos como edil y diputado provincial después de ser imputado en el «caso Enredadera»; al igual que parcialmente ha hecho el regidor de Albox (Almería), Rogelio Mena, tras ser investigado por el juzgado de instrucción 3 de Huércal-Overa de obstruir la labor de control de la oposición. Mena seguirá ostentando la vara de mando municipal, pero ha anunciado que «temporalmente» abandona su cargo de secretario de área de Ideas y Programas en la Ejecutiva regional.
La necesidad de gobierno fue otro elemento que tras las pasadas municipales alimentaron pactos que con el tiempo se han evidenciado como «malas compañías». El municipio malagueño de Benalmádena ha sido el último ejemplo. El PP se apoyó en los independientes Unión de Centro Benalmádena (UCB) para hacer valor su mayoría simple y obtener la alcaldía, pero la alianza se ha roto a pocos meses. ¿El motivo? Que el líder de UCB, Francisco Salido, no cesara a un miembro de su formación condenado por intrusismo profesional al asistir a un juicio como abogado «sin tener el título académico exigido». No obstante, esta contundencia fue tibieza conforme se publicaban informaciones de un supuesto caso de nepotismo vinculado a Salido, con un banco de alimentos como escenario y que era investigado judicialmente desde hace tiempo.
«Amputación» preventiva
Como si fuese una septicemia que amenaza por extenderse, los dirigentes optan por la «amputación» sin esperar a una segunda «opinión». Esta situación destila cierto halo de injusticia al situar al político en la plaza pública para la diversión del pueblo sin que ni siquiera se haya sentado en el banquillo.
El alcalde de Nerja (Málaga), José Alberto Armijo, ha sido en los últimos días la diana del PSOE malagueño a raíz de que se conociese que un juzgado decretaba apertura de juicio oral contra él por un supuesto delito urbanístico. Los socialistas apelaron al nuevo discurso del presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidiendo la cabeza del histórico regidor. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó poco después de que se había producido un error, ya que Armijo había sido desimputado en abril de 2012 por orden de la Audiencia Provincial.
Aunque también existen casos sangrantes que hacen que los ciudadanos se lleven las manos a la cabeza. Uno de ellos es el del ya exregidor —dimitió el jueves— de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), que acumulaba 24 investigaciones judiciales por delitos urbanísticos. Lo curioso es que Vera, que ganó tres comicios locales, ha sido sucesivamente reelegido a pesar de estar bajo el foco de la justicia. Nadie en el municipio debería mostrar sorpresa por este desenlace.
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