Aumentan en Andalucía los conflictos graves entre profesores y padres de alumnos

El Sindicato del Profesorado (Anpe), que ha presentado este miércoles en Sevilla el informe anual del Defensor del Profesor, registró en el curso 2013/2014 un total de 176 casos de conflictos graves -de las 2.000 llamadas que reciben al año aproximadamente-, entre profesores de los distintos centros públicos de Andalucía con la dirección del centro, alumnos y padres del alumnado, casi un tres por ciento más respecto al ejercicio anterior.

En cuanto al origen del conflicto, el 44 por ciento de los 176 casos graves registrados, sufren acoso y amenazas por parte de padres de alumnos. De todas las consultas, mayoritariamente telefónicas, el 43 por ciento son de profesores de Primaria, propoción que supera por primera vez a los de Secundaria (el 40 por ciento). Esto significa, según Anpe, que son los padres los que toman protagonismo en las actitudes contra el profesorado, al tratarse de alumnos de menor edad en la Primaria, según el informe.

Francisco Padilla, presidente de Anpe Andalucía, ha afirmado que los «recortes» en Educación han tenido una incidencia directa «negativa» en la calidad escolar. «Hay menos profesores en los centros, se tarda más tiempo en cubrir las bajas médicas (diez días) y, por lo tanto, aumenta el número de alumnos por aula, lo que es difícil mantener el orden, cuando además no son alumnos de la tutoría de ese profesor», ha comentado.

Asimismo, han asegurado desde Anpe que han crecido las conductas «disruptivas» del alumnado que impiden dar clase con normalidad y que el estado anímico de los profesores ha empeorado. En este sentido, el 57 por ciento de los profesores que se pusieron en contacto con Anpe declararon sufrir cuadros de ansiedad y el 29 por ciento, depresión. Sobre estos últimos, declaraban que la mayoría se había planteado «abandonar la profesión por desesperación».

Anpe propone, entre otras medidas, el reconocimiento de la figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función, a través de una Ley de Autoridad, similar a la existente en otras comunidades autónomas. Piden también una mayor dotación por parte de la Administración, en medios y recursos humanos de apoyo a los centros educativos, además del establecimiento de una formación específica para el profesorado para la resolución de conflictos. Y, por último, una reducción de la carga burocrática del profesorado.