La Junta redobla las multas a los bancos en pleno ascenso de Podemos

Con la promoción pública de viviendas protegidas en niveles mínimos como consecuencia de los recortes presupuestarios, el Gobierno andaluz del PSOE e IU ha encontrado en la imposición de multas millonarias a los bancos una vía para recuperar terreno en el electorado que se le escapa a borbotones por la izquierda, seducido por los cantos de sirena populistas de los mediáticos dirigentes de Podemos.

Tres días después de que se consumara el desahucio de una anciana de 85 años en Madrid por avalar un préstamo de su hijo, retransmitido por las cadenas nacionales, la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de Elena Cortés (IU), anunció que ha sancionado con 5,82 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 al Sabadell por incumplir la función social de sus viviendas, según una nota de prensa.

Como un eco, la noticia fue replicada pocas horas después por varios cargos en la institución autonómica. Ni un responsable importante del PSOE e IUse abstuvo de comentar el gesto como un rompeolas a los abusos de los bancos. Desde Gilena (Sevilla), Cortés justificó las multas millonarias por incumplir la obligación legal de ofrecer sus VPO a los registros municipales de demandantes, toda vez que, según la consejera «eran viviendas ocultas a los registros de demandantes». «Es la única comunidad donde se ha acabado la impunidad de los bancos», destacó.

En el caso del Popular, según la versión de la Junta, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es de 97 y de dos en el caso del Sabadell y la sanción es de 60.000 euros por vivienda.

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, aprovechó ayer para lanzar un torpedo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que pidió que retirase «cuanto antes» el recurso contra la Ley de Función Social de la Vivienda aprobada por el Parlamento autonómico. El Gobierno central impugnó algunos preceptos de la norma, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social.