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Una agencia gestionará la formación para sortear el control de la Intervención

PSOE e IU convalidan, con la oposición del PP, el decreto que transfiere los consorcios de formación al nuevo ente

Una agencia gestionará la formación para sortear el control de la Intervención j. m. serrano

j. morillo

El Pleno del Parlamento convalidó ayer, con los votos de PSOE e IU y el rechazo del PP, el decreto-ley que permitirá la transformación del Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos en la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación. Esto supone, más allá de un cambio de nombre, transferir la formación para el empleo, en cuestión por el escándalo de los cursos que investigan varios juzgados andaluces, a un ente del sector público. De esta forma, la formación y su financiación no la gestionarán los funcionarios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sino una agencia pública, que está sometida a menos controles que la administración general.

La transferencia de la formación a la agencia se produce merced al decreto, que está pensado, según detalló el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para asegurar que se sigan impartiendo las acciones formativas que venían desarrollando los consorcios escuela que, como el caso de la Cónsula de Málaga, no cuentan con financiación desde que estalló hace meses el escándalo de los cursos.

Esto es así, porque los consorcios se financiaban mediante subvenciones, que Educación ha cortado hasta que acabe la revisión de todas las concedidas para cursos entre 2007 y 2011, lo que ha provocado impagos a proveedores y de las nóminas a los profesores en algunos casos desde hace más de diez meses, con el consiguiente parón de las clases.

Ahora los consorcios se disuelven y asume su gestión la nueva agencia.Y no se financiarán por subvenciones, sino con cargo a los presupuestos, aunque con un sistema de pago, la transferencia de capital o de financiación, puesto en cuestión en los ERE. Según la juez Mercedes Alaya, este mecanismo permitía a la Junta saltarse los controles previos de la Intervención General. Además, tal como denunció la diputada del PP, Teresa Ruíz Sillero, en el debate, el decreto no solo transfiere a la agencia las acciones de los consorcios sino de toda la formación profesional.

Una agencia gestionará la formación para sortear el control de la Intervención

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