UGT renuncia a dos subvenciones y se libra así de justificarlas

Los siguientes proyectos fueron merecedores de sendas subvenciones de la Junta de Andalucía en 2012, pero UGT Andalucía ha renunciado a cobrarlas. «Estrategias de difusión e información del sistema de acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación» es el instructivo título que lleva el primero, financiado con 150.000 euros de fondos públicos. El segundo, de 105.050 euros, reza así: «Herramientas para la mejora de la Formación Profesional para el Empleo en los sectores productivos vinculados a la obtención de carnés y tarjetas profesionales». Con la «renuncia en su totalidad» a ambas ayudas, UGT-A se libra de tener que presentar las preceptivas facturas para acreditar en qué gastó el dinero público. Desiste justo cuando estaba en su punto álgido la doble investigación impulsada por dos consejerías (Educación y Economía) que afecta a ayudas concedidas a la central entre 2008 y 2012.

UGT Andalucía remitió a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sendos escritos, que datan del 27 de marzo y el 17 de septiembre pasados (más de dos años después de su concesión), para renunciar a las ayudas. Estaban cofinanciadas en un 80% con fondos europeos. Así se le confirmó en una respuesta parlamentaria el 28 de octubre el propio consejero del ramo, Luciano Alonso, a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien le había preguntado acerca de las subvenciones a las que habría renunciado el sindicato. Pero Alonso no aclara si ya ha cobrado una parte o la totalidad de las ayudas y tiene que devolverlas. No es la primera vez que UGT-A renuncia a ayudas. El 25 de octubre ya rechazó una subvención de 600.000 euros para realizar actividades divulgativas sobre prevención de riesgos laborales.

Como otras muchas entidades, UGT había sido exonerada de justificar los citados fondos dentro del plazo legal gracias a una resolución firmada por el entonces presidente del Servicio Andaluz de Empleo y consejero de Economía, Antonio Ávila. Esta medida de gracia permitía al sindicato optar a nuevos fondos con cargo al mismo programa presupuestario 32L. En paralelo a la revisión que lleva a cabo la Administración autonómica, varios juzgados andaluces investigan el fraude en los cursos de formación para el empleo, mientras que el juzgado de instrucción 9 de Sevilla indaga en el supuesto desvío del fondos públicos por parte del sindicato mediante la confección de facturas. En las diligencias están imputados los exlíderes ugetistas, Manuel Pastrana y Francisco Fernández.

La publicación de las ayudas se autorizó sólo cuatro días antes de que se celebraran las pasadas elecciones autonómicas. La movilización de UGT y CC.OO. ayudó a frustrar la llegada del PP al Gobierno andaluz. La resolución del Dirección General de Formación Profesional está fechada el 21 de marzo de 2012 y lleva la firma de la directora María Teresa Florido, cuñada de Ángel Ojeda, el exconsejero de Hacienda imputado por montar una red de sociedades para captar ayudas de formación.

UGT-A debe hacer frente a la devolución de ayudas por 15,3 millones que la Consejería de Economía estima que están mal justificadas.