política
El PP-A propone que los políticos paguen con su dinero su mala gestión
Moreno Bonilla expone su Ley del Estatuto del Alto Cargo y de Buen Gobierno que contemplaría medidas contra los corruptos

La «operación Púnica» ha supuesto una sacudida para la clase política y ha traído un evidente cambio de discurso. Ningún otro caso de corrupción —y los hay más importante— ha provocado tantas ansias de regeneración y son muchos los dirigentes que realizan gestos y lanzan propuestas para limpiar las cloacas del partido. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, aprovechó una reunión de la ejecutiva regional en Anequera para lanzar una batería de medidas de buen gobierno y anticorrupción entre las que se encuentran que el cargo público haga frente con su patrimonio a su mala gestión, proteger al denunciante o establecer un régimen sancionador contra las «manzanas podridas».
Estas iniciativas regeneradoras se engloban en una norma que llamó Ley del Estatuto del Alto Cargo y de Buen Gobierno y que incluye actuaciones sancionadoras tanto para el dirigente que lleve a cabo comportamientos delictivos, como aquellos que exhiban una conducta reprochable éticamente o desarrollen una mala gestión con perjuicios económicos. Éstas son las principales medidas que promueven los populares:
1. Suspensión cautelar de militancia a los encausados,incluidos también los dirigentes históricos.
2. Aprobación de una nueva ley andaluza de subvenciones que fije los criterios y se prohíban las exenciones en su justificación.
3. Lanzar un estatuto del alto cargo que incluirá un régimen sancionador, además de la protección de los denunciantes de la corrupción.
4. Aboga por limitar los mandatos del presidente de la Junta y por convocar elecciones separadas.
5. Los responsables de fondos públicos deberán pagar con su patrimonio las negligencias de una mala gestión.
6. Creación de un cuerpo superior de interventores de la Junta de Andalucía, que accederían al puesto por oposición.
7. Todos los cargos públicos deben informar de las relaciones laborales y contractuales de sus familiares y de sus retribuciones (incluida la productividad y retribuciones en especie), así como de sus autoliquidaciones de IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio.
8. Establecer un listado de obligaciones de comportamiento personal: austeridad y ejemplaridad en relación al uso de hoteles, coches oficiales, comidas, composición de gabinetes, viajes…
9. La comisión de infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la restitución de las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública.
10. Los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre 5 y 10 años.
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