La Junta comenzó a revisar las facturas a proveedores en el cajón después de pagarlas

La Junta de Andalucía comenzó a revisar más de medio millón de facturas (por 1.750,76 millones de euros) que guardaba en el cajón después de haberlas incluido en el plan de pago a proveedores aprobado por el Gobierno central en 2012 para reducir la morosidad de las administraciones públicas. Para eludir el control de la Intervención, como informó ABC , el Consejo de Gobierno acordó el 26 de junio de 2012 «omitir el preceptivo trámite de fiscalización previa» de las citadas facturas, en su mayoría correspondientes a gastos sanitarios y farmacéuticos realizados sin cobertura presupuestaria.

El interventor de la Junta, Adolfo José García Fernández, era consciente del riesgo que entrañaba la manga ancha del Ejecutivo presidido por José Antonio Griñán al imputar de una tacada todas las facturas. A finales de 2012 el alto funcionario remitió una circular a las consejerías y agencias administrativas de la Junta en la que les advertía de que «será responsabilidad de cada órgano gestor (de los gastos) la comprobación de la corrección de los pagos, tanto en lo relativo a su importe como a los destinatarios de los mismos».

En uno de los escritos, al que ha tenido acceso ABC, el órgano fiscalizador constata que se siguen comprobando los documentos justificativos de los gastos al menos seis meses después de haber liquidado las deudas con sus proveedores. Señala que, después de imputarlas al mecanismo extraordinario del Ministerio de Hacienda, continúa «pendiente la depuración de determinadas facturas».

Dado que no pudo fiscalizarlas, como es preceptivo, el interventor endosa a las consejerías y agencias públicas la responsabilidad de realizar «las medidas rectificativas que resulten pertinentes». Les indica de este modo que deberán tramitar expedientes de reintegro de los fondos en el caso de que las compras o servicios contratados y ya abonados no se ajusten a la realidad cuando hagan la revisión.

A contrarreloj, pocos días antes de que el Consejo de Gobierno acordara pagar, sin realizar criba alguna, las facturas que guardaba en el cajón, el interventor dio directrices a los distintos órganos gestores mediante otra circular en la que les instaba a examinarlas. Dado el volumen de recibos atrasados (más de medio millón) era misión imposible hacerlo antes de la fecha de la convalidación del Gobierno. No obstante, el órgano fiscalizador quiso cubrirse las espaldas y resaltó la importancia que tiene que dichas facturas sean correctas «en todos los extremos, especialmente en lo concerniente a los importes y datos relativos a los acreedores de las mismas».