CASO UGT-A
El fiscal pide imputar a dos ex secretarios generales de UGT por financiación ilegal
Anticorrupción cree que Manuel Pastrana y Francisco Fernández «no solo eran conocedores» sino que tomaron decisiones directas
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los ex secretarios generales de UGT Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández sean interrogados en calidad de imputados en el caso de las facturas falsas que instruye el juzgado número 9 de los de Sevilla.En un escrito que acaba de hacerse público, la Fiscalía Anticorrupción basa esta peticion en que considera que pudieron participar en los hechos delictivos que investiga ese juzgado sobre las facturas falsas de UGT. Concretamente, Anticorrupción asegura que ambos pudieron participar en en el procedimiento a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación.
El fiscal asegura en su escrito que los hechos investigados comienzan a implantarse cuando se pudo en marcha la llamada central de compras, algo que se deduce «no solo de las invetigaciones son también de las declaraciones de los imputados como la declaración de Francisco Fresneda (extesorero del sindicato). Según el fiscal, Pastrana y Fernández «no solo eran conocedores, sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento».
El fiscal sostiene que la central de compras fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández , no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana al frente de la central sindical.
Rápeles y botes
Según Anticorrupción, esta financiación ilícita se llevaba a cabo por medio de varias vías : la institución del denominado rápel que, asegura el fiscal, era una figura a tenor de la cual se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor. Según el fiscal, «los importes totales obtenidos por el sindicato a traves de este rapel se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales ».
En cuanto al llamado «bote» , Anticorrupción asegura que mediante la implantación de esa figura el sindicato encargaba la elaboración de facturas simuladas que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros y siempre previo al pago de las facturas. «Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote» . Así, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación.
El fiscal recuerda también que cuando el extesorero Fresneda «rendía cuentas ante la comisión ejecutiva, se incluía el montante obtenido por el rápel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto de la comisión».
Decisión en la cúpula
Además, la Fiscalía Anticorrupción asegura que era la propia comisión ejecutiva quien decidía las empresas que pagaban el rápel, señalando expresamente a Pastrana y Fernández. En este sentido, el fiscal dice que esta comisión la pagaban empresas con una intensa relación de proveedores de UGT. Pese a que algún responsable del departamento de compras como Dolores Sánchez intentó incorporar nuevos acreedores, Fresneda sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad, a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato y, en definitiva, las arcas públicas.
En cuanto al «bote», el fiscal afirma que llegó a tener plasmación contable y registral en el aplicativo Spyro. Y que este programa informático contaba con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad. Esto no solo fue inspirado por cargos del sindicato, María Charpín, sino que su encargo, aprobación y pago, fue realizado desde la comisión ejecutiva. Es más, según el fiscal, « Pastrana nombró a María Charpín para la ejecutiva, con esta finalidad».
«Este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud , a tenor de las declaraciones de personal relevante del mismo, que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación», concluye el escrito de Anticorrupcion. Por todo ello pide al juez de instrucción número nueve que interrogue a Pastrana y Fernández en calidad de imputados.
Noticias relacionadas
