Alaya confirma la imputación del exparlamentario Ramón Díaz por la inclusión de intrusos en el caso ERE
La juez, por el contrario, archiva la causa respecto a dos imputados al no existir «indicios suficientes» contra ellos
La juez Mercedes Alaya , que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha rechazado el archivo de la causa solicitado por el exparlamentario andaluz del PSOE y exasesor de la Dirección General de Trabajo Ramón Díaz, pues, entre otros aspectos, «indiciariamente tendría un papel activo en la inclusión de intrusos en diversos expedientes de ayudas sociolaborales».
En un auto, la magistrada rechaza igualmente las peticiones de sobreseimiento parcial realizadas por las defensas de otros seis imputados, entre ellos el exdirector general de IDEA Antonio Valverde; el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT Manuel Morales Larrubia, o el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) Ramón Polo.
Asimismo, mantiene la imputación de Cristina Ruiz Castillo, que fuera gerente de Promi; de María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y de Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A. pese a no formar parte de su plantilla.
En el mismo auto, consultado por Europa Press, la instructora archiva la causa respecto al letrado del bufete Estudios Jurídicos Villasís Daniel Gutiérrez Montaña y al empresario José Joaquín Barneto, a los que cita como testigos este próximo miércoles, ya que «después de un estudio exhaustivo» de las actuaciones «no existen indicios suficientes que justifiquen el mantenimiento» de sus imputaciones. Tras estos dos archivos, en la causa hay 219 imputados.
En relación a Ramón Díaz, al que tomó declaración el 11 de octubre de 2013 por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, la juez recuerda que comenzó a prestar sus servicios en la Dirección General de Trabajo en junio de 2005 «de la mano» del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández , permaneciendo en el cargo hasta noviembre de 2009.
Papel activo en la inclusión de intrusos
«Durante dicho tiempo colaboró con el director general, Francisco Javier Guerrero , y en el último año con María José Rofa en la negociación de todos los expedientes, recordando esta última la intervención del inculpado» en relación a 14 empresas, punto en el que la acusa asevera que «las irregularidades de su gestión al frente de los expedientes de subvenciones sociolaborales fueron indiciariamente muy numerosas».
Así, enumera que en el expediente de San Goy -Hotel La Posada del Moro- «ni siquiera había solicitud del empresario, pese a lo cual había resolución de concesión», mientras que en SAT Virgen del Espino « tampoco existía solicitud del empresario ni relación de los trabajadores ». «Carecían todos de la tramitación y documentación básica o ni siquiera había expediente iniciado», zanja.
Además, Ramón Díaz « tendría un papel activo en la inclusión de intrusos en diversos expedientes », de manera que en el caso de Calderinox «influiría» junto al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas «para presionar» al director general de Trabajo, Juan Márquez, «a fin de que este consintiera la inclusión» de dos personas ajenas a la empresa, mientras que en Saldauto «influiría para la inclusión» de otros dos 'intrusos'.
De igual modo, la magistrada señala que en A-Novo «sería decisiva su intervención» para la inclusión de Manuel Jiménez de Miguel, añadiendo que «el interés de Ramón Díaz sería por afinidad personal » con el mismo, ya que ambos pertenecían a la Agrupación Socialista de Nervión.
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