La justicia obliga al ADDA a pagar 30.000 euros a un discapacitado
El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) tendrá que indemnizar con 30.000 euros a un hombre discapacitado al que se impidió asistir a un concierto por no poder garantizar su seguridad y salud, de acuerdo con la sentencia emitida por el juzgado número 3 de primera Instancia de Elche (Alicante). En ella se condena a la institución provincial por vulnerar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación y por el derecho del ciudadano «previa comunicación» a asistir a los actos que se convocan desde el ADDA, para que la entidad ejecute «los ajustes necesarios para ello».
Fue en octubre de 2013 cuando el demandante, un joven discapacitado físico con un grado de discapacidad reconocido del 84 por ciento y que requiere de terceras personas para su movilidad y de un sistema de respiración automático, fue invitado por un compositor de ópera al estreno de una obra en el ADDA en abril de 2014.
No obstante, en marzo el demandante recibió «pegas» del ADDA para su asistencia al estreno, que estaba programado para el 12 de abril, alegando «razones de seguridad», aunque sí se le instó a asistir al segundo día de actuación, que tendría lugar el 13 de abril. A pesar de todo, dos días antes se produjo una reunión en la Diputación en la que se decidió que no podía atenderse su petición.
Por su parte, el ADDA alegó que la invitación del autor de la ópera no la conocieron hasta marzo y sin tiempo porque el desplazamiento en una cama adaptada dificultaba «enormemente su ubicación». El auditorio afirma que cuenta con un espacio reservado para personas de movilidad reducida. Por todo ello, en una reunión dos días antes del previsto, se rechazó la asistencia del demandante a la ópera porque no existían «las mínimas garantías para la salud y seguridad del mismo».
Sin embargo, el juzgado, frente a estos argumentos, recrimina que a tenor del perfecto estado de salud mental del hombre no se le comunicara la decisión y que esto se justificara con que carecían de «sus señas o teléfono» y que, sin embargo, días después ante «el escándalo mediático» sí lograron su número de teléfono y domicilio, al que acudió la entonces presidenta de la Diputación, Luisa Pastor. Según el fallo, los responsables de la institución adoptaron una actitud «poco activa y poco diligente», y no buscaron alternativas para que se pudieran «remover los obstáculos» existentes.
César Sánchez, actual presidente del organismo provincial, ordenó ayer que no se recurra el fallo.