La agenda de la izquierda: el AVE en las afueras y más funcionarios

J. L FERNÁNDEZ

Está a punto de llegar la hora que la izquierda lleva dos décadas esperando para «corregir» aspectos esenciales de la política impulsada por los gobiernos municipales del PP en Alicante. En caso de que rescaten de sus agendas estas asignaturas pendientes, los ciudadanos pueden encontrarse con cambios sustanciales.

Tal vez la más llamativa sería ver que tienen que coger el AVE en las afueras y no en el centro, como hasta ahora, ya que Guanyar Alacant (referente de Podemos, pero con la columna vertebral de Esquerra Unida) hará valer el proyecto de la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible (PCM) de trasladar la futura Estación Intermodal más allá del Puente Rojo, que también prefieren salvar del derribo. La distancia para los viajeros sería salvada con unas lanzaderas, según el proyecto esbozado por esta organización ecologista en sus alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado recientemente, en el que el PP desestimó esta propuesta.

Otra de las novedades previsibles, en este caso con un consenso de la formación que lidera Miguel Ángel Pavón (Guanyar) con los socialistas de Gabriel Echávarri, será aumentar la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. Con relativa recurrencia, los grupos municipales del PSOE y EU han recriminado a los populares que se amortizan plazas de empleados públicos que se jubilan, es decir, que no se cubren esas vacantes con jóvenes. El año pasado, por ejemplo, criticaron que se aplicara esa fórmula con 80 plazas. También han echado en cara los recortes de personal en algunos departamentos, como los centros sociales y dependencias culturales, con lo que podrían optar ahora por refuerzos para compensarlo. Queda por resolver la incógnita de cómo cumplir con las exigencias de austeridad y equilibrio presupuestarios dictados por el Ministerio de Hacienda.

De entrada, el principio de acuerdo de gobierno entre PSOE, Guanyar Alacant y Compromís ya ha desvelado la intención inequívoca de suspender la implantación de Ikea con su macrocentro comercial –condición que puede hipotecar su viabilidad económica– y de asumir con funcionarios las contratas de limpieza de colegios y dependencias municipales y la de autobuses (expira en 2019), lo que dispararía la plantilla del Ayuntamiento.

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