La anulación del PGOU de Alicante supera el último trámite en el Consell

La Comisión Territorial de Urbanismo desestimó ayer continuar con la tramitación del proyecto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y decidió devolver toda la documentación al Ayuntamiento para que inicie el proceso de nuevo. Por tanto, el planeamiento proyectado para el futuro para la ciudad ya es historia.

El documento llevaba en tramitación más de 14 años, impulsado, hace casi tres lustros, por Luis Díaz Alperi y seguido por Sonia Castedo, ambos del PP, y fue una de las primeras decisiones del nuevo alcalde de la ciudad, el también popular Miguel Valor, tras tomar posesión del cargo, el pasado enero.

Tras anunciarlo, el 6 de febrero el pleno municipal votó por unanimidad el desestimiento, lo que abrió un periodo de exposición pública en la que no ha habido alegaciones.

Se trata de uno de los elementos que más polémicas ha suscitado en los últimos años en la política municipal alicantina, sobre todo a raíz de que se destaparan supuestas ilegalidades en su diseño en las etapas de Díaz Alperi y Castedo, ambos imputados en la causa, presuntamente a favor del empresario Enrique Ortiz. Esas investigaciones policiales dieron pie a la pieza separada del Brugal en torno a las supuestas irregularidades en el PGOU.

Aunque la decisión de solicitar la retirada contó con los votos a favor de los cuatro partidos con representación política, el PP rechazó con su mayoría las enmiendas presentadas por PSPV y EU para que se añadiese la petición de devolución de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que facilite la llegada Ikea a los terrenos de Rabasa.