Valor implica a cinco concejalías en buscar el consenso social por Ikea

El alcalde de Alicante, Miguel Valor, ha movilizado a cinco departamentos municipales destinando funcionarios y encomendando a varios concejales coordinar un trabajo de evaluación del impacto de la apertura de Ikea y su macrocentro comercial en la ciudad, para con esta información elaborar las alegaciones y, sobre todo, alcanzar el «consenso» entre todos los sectores y agentes sociales afectados.

En concreto, se emplean recursos humanos de las concejalías de Comercio, Urbanismo e Imagen Urbana, así como de la Agencia Local de Desarrollo y un letrado de los servicios jurídicos municipales. Como coordinador general, ejercerá el concejal de Empleo, Carlos Castillo.

Es el primer paso adoptado ayer en la reunión sobre este asunto celebrada por el Consejo Social, en el que están representados los grupos políticos municipales, las juntas vecinales, los sindicatos, los empresarios, la Cámara de Comercio, la Universidad, la Autoridad Portuaria, colegios profesionales y «personas de reconocido prestigio de la ciudad», según precisaron fuentes municipales.

Quedaron constituidas tres comisiones de trabajo –de economía, empleo y comercio; de territorio y urbanismo; y la comisión «estratégica» del proyecto– cuyos dictámenes se elevarán a la Generalitat, que tiene la competencia para resolver la Actuación Territorial Estratégica (ATE). Votaron a favor todos los miembros del consejo, salvo del PSOE, que se abstuvo.

Antes de la reunión del consejo, Valor se mostró proclive a que este proceso se resuelva después de las elecciones. «Primero las alegaciones, después que se calme todo el tema y los próximos que vengan, que seamos nosotros mejor (en referencia al PP), sin problema lo decidiremos», declaró. Y tras su encuentro con los agentes sociales en el consejo, reiteró su postura de reducir las dimensiones del complejo proyectado: «Somos partidarios de Ikea pero la superficie comercial es desmesurada y puede provocar desequilibrios urbanísticos, territoriales y comerciales, teniendo consecuencias sobre el sistema urbano tradicional o comercio de ciudad y sobre el tráfico rodado».

El portavoz socialista, Miguel Ull, también mostró el mismo rechazo que ha venido expresando contra el macrocentro comercial y volvió a exigir la «paralización» de la ATE.