Alfaz ejecuta obras sin permiso del Ministerio con riesgo de inundación

La nueva rotonda de acceso a L’Alfàs del Pi a través de la carretera N-332, cuyas obras se iniciaron hace más de siete años, podrían volver a paralizarse debido a que la ejecución de las mismas carece de la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, según denuncia el PP.

Los populares aseguran que han tenido acceso al escrito que el Ministerio de Medio Ambiente ha remitido al Ayuntamiento, anunciándole la incoación de un expediente sancionador por la realización de las obras sin la debida autorización. Una actuación consistente en la construcción de un nuevo vial de acceso al casco urbano por la N-332 que transcurre en una parte de su trazado de manera paralela al barranco Soler. En el mismo, se explica que se ha iniciado expediente sancionador al gobierno socialista, liderado por Vicente Arques, por la posible comisión de una infracción del articulo 116.3d de la Ley de Aguas.

El Partido Popular ya había denunciado en diferentes ocasiones «la falta de previsión y planificación» de las mismas y las «graves consecuencias que pueden tener para los vecinos de la zona si se produce un episodio de fuertes lluvias».

Un tramo de la nueva carretera de acceso transcurre paralelo al barranco Soler, sin que se haya realizado en la obra ninguna mota o barrera de separación entre la carretera y las viviendas de la otra orilla del barranco. La urbanización Casas Blancas se encuentra en el margen izquierdo del mismo, a una cota inferior a la nueva carretera construida, por lo que en caso de una riada el agua entraría directamente en las viviendas. Esta zona esta declarada por el Patricova, encargado de la estimación de zonas de tránsito indudables, como de alto riesgo.

No es la única actuación de dudosa legalidad a la que actualmente se enfrente el equipo de Arques. El juzgado de lo contencioso administrativo ha admitido a trámite la denuncia interpuesta contra su teniente de alcalde por la concesión de las licencias de obras a favor de la mercantil La Colina del Albir S.L. sin contar con la previa declaración de interés comunitario de la Conselleria de Urbanismo de la Generalitat Valenciana. Un modo de proceder por el que, según los denunciantes, el responsable del área habría incurrido en los delitos de prevaricación administrativa y urbanística.

Según consta en la denuncia, los hechos se remontan a 2011, cuando por parte del Consistorio se concedió licencia en precario para la construcción de un edificio de dos plantas como área de servicio para un cámping en zona calificada como rústica en las inmediaciones de la Serra Gelada, y después de que la Generalitat denegara la solicitud previa.