Ortiz declara ante el juez que su amistad y los regalos a los alcaldes eran «normales»
El empresario asegura que perdía dinero con Ikea y niega que la jefa de Urbanismo le ofreciera pagarés
El constructor Enrique Ortiz declaró ayer ante el juez que su relación de amistad con los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, del PP, eran «normales», así como los regalos que les dio, y lo justificó porque parte de su trabajo consistía en «estar detrás» de políticos y técnicos por ser un agente urbanizador.
En las más de tres horas de interrogatorio en la rama del caso Brugal relativa a las supuestas irregularidades en el plan urbanístico del barrio de Rabasa, el empresario dijo no recordar que la jefa jurídica de Urbanismo del Ayuntamiento,Isabel Campos, le enviara unos pagarés por seis millones de euros ni tampoco que devolviera un bolso de lujo que él le regaló, tal como había declarado ella el jueves.
Según los letrados de las acusaciones (Esquerra Unida y PSOE), Ortiz reconoció que el trato con Alperi y Castedo incluía comidas y cenas familiares, donde matizó que no se hablaba de sus intereses urbanísticos.
«Perdía» dinero con Ikea
El promotor declaró también que había invertido 85 millones de euros para la implantación de Ikea en Rabasa y que incluso perdía dinero en este proyecto, a pesar de que en uno de los pinchazos telefónicos alardeaba de que había obtenido ya 95 millones de la multinacional sueca, algo que ahora negó haber percibido.
También desmintió que obsequiara con un barco al exportavoz socialista Blas Bernal, como también había dicho por teléfono, aunque era para excusarse ante su interlocutor y evitar prestárselo, según su declaración.
Ortiz está imputado por delitos de tráfico de influencias y cohecho, así como su implicación como cooperador en otro delito de prevaricación, en una causa derivada del «caso Brugal» donde se investiga el citado plan urbanístico. En su comparecencia, reconoció haber gestionado en el 2008 con el sobrino del exconseller Juan Cotino, Vicente Cotino, el alquiler de un avión privado para que Díaz Alperi regresase a Valencia desde Oporto, tras el viaje que este hizo junto con Castedo para conocer las instalaciones de la multinacional sueca en esa ciudad, aunque matizó que esas gestiones no fructificaron porque había vuelos regulares. La exalcaldesa Castedo declaró en su momento que este viaje era oficial, si bien ella había abonado los gastos de su bolsillo. Es uno de los aspectos en que más incide el fiscal.
Entre las reacciones de ayer a este caso, el candidato del PSPV-PSOE al ayuntamiento de Alicante, Gabriel Echávarri, valoró la declaración como imputado del constructor como «triste» por la imagen que ofrece de la ciudad mientras que, en cambio, el concejal de EU Daniel Simón la considera «histórica» y opinó que «hace cinco años nadie hubiera imaginado que declararía como imputado porque parecía intocable».
