Empresarios y jueces alertan del impacto negativo de la corrupción
El Instituto de Estudios Económicos Provincia de Alicante (Ineca), que aglutina a un grupo de empresarios relevantes, y el máximo representante de los jueces alicantinos, Vicente Magro, alertaron ayer del impacto negativo que está teniendo para la economía la corrupción política.
Desde Ineca pusieron el acento en que este problema perjudica la economía y la credibilidad, apoyados en el estudio realizado por el profesor de la Universidad de Linz, Friedrich Schneider, en el que cifra en 900 millones de euros el coste anual de la corrupción en la Comunidad Valenciana, un «daño irreparable».
El presidente del grupo empresarial, Joaquín Rocamora, planteó en la junta general que había que recuperar el prestigio como ciudad, provincia y país tan dañado por la corrupción y por el alargamiento de los procesos que deterioran la imagen de las instituciones y del propio sector empresarial, que «está totalmente desprestigiado y hay que recuperarlo». Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, matizó que «el sector empresarial no está desprestigiado porque gracias a este sector la economía de la provincia sigue creciendo».
Magro señaló además ante medio centenar de empresarios de Ineca que «el código penal español ni siquiera recoge la figura de corrupción política, sino corrupción entre particulares, ni siquiera corrupción entre particulares y políticos».
Con 90 juicios
Sobre la dimensión de esta lacra, la provincia de Alicante cuenta con ocho magistrados nuevos especializados en corrupción en las secciones de Alicante y Elche.
«En la actualidad tenemos 90 juicios relacionados con la corrupción en la provincia y tenemos que contar con órganos judiciales para agilizar estos procesos y evitar así la indebida prolongación de la instrucción de estos casos», reveló Magro.
