La Audiencia decidirá si las escuchas del Caso Rabasa son válidas
Los imputados en la rama judicial que investiga el Plan Rabasa como pieza separada del Caso Brugal tendrán que prestar declaración en breve. Así lo establece el juez Juan Carlos Cerón, instructor de la causa, en un auto difundido ayer a los medios de comunicación y en el que explica su decisión de rechazar los recursos presentados por las partes. Se trata, entre otros, de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario y constructor Enrique Ortiz, el gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica del área.
El magistrado devuelve de esta forma la instrucción al punto en el que se encontraba antes del aplazamiento para estudiar las alegaciones: el de fijar fecha para la declaración. Cerón explica que éstas se tienen que realizar en el momento procesal oportuno, por lo que deja en manos de la Audiencia Provincial la decisión final sobre si las escuchas son legales o no.
Además de desestimar los recursos y recuperar el auto de fecha 16 de septiembre en todos sus términos, el juez se ha dirigido al Grupo de Blanqueo de Capitales de la BPPJ (UDEF) de Alicante a fin de que manifiesten si en el informe han incluido conversaciones que no hayan sido adveradas por el secretario judicial del Juzgado número 3 de Orihuela, a la vez que pide que se indique en su caso la fecha y los intervinientes.
Castedo, Ortiz y el resto de imputados debían haber declarado durante octubre y noviembre, pero el instructor pospuso esas comparecencias a causa, precisamente, del incidente de nulidad presentado por el constructor, con el objetivo de invalidar las intervenciones telefónicas policiales.
Fuentes de la dirección del PPCV señalaron ayer a ABC que esta decisión era totalmente esperada, y no cambia para nada la situación de Castedo, a quien se sigue buscando relevo.
