Barberá acusa a la Audiencia de Palma de emitir juicios de valor
Defiende a Grau por su «profesionalidad» y rechaza que nadie «le marque ninguna línea»
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se alineó ayer en favor de su número dos en el Ayuntamiento de la capital, Alfonso Grau, y consideró que el vicealcalde «no está imputado», ya que a su juicio, el auto de la Audiencia de Palma lo que hace es «pedir al juez que transforme su informe anterior».
La alcaldesa de la capital del Turia expresó esta opinión «con el máximo respeto, que no es incompatible con verter una opinión», para a continuación defender la libertad de Alfonso Grau para tomar una decisión sobre su futuro político «cuando sea oportuno, dado su peso específico, integridad, honradez y servicios a Valencia. Él decidirá».
Barberá consideró que Grau «no es un niñato ni alguien que necesite la política para vivir ni comer, ni alguien al que se le tiene que marcar ninguna línea de nada» –en referencia a la línea roja de Alberto Fabra– sino una persona «de enorme experiencia, profunda responsabilidad y reconocida profesionalidad fuera de la política».
Grau había dejado claro en una rueda de prensa previa que no piensa renunciar al cargo pese a haber sido de nuevo imputado, una situación procesal que además niega que pese sobre él, y aunque garantizó que no dejará que su presencia manche la imagen de la ciudad y del Ayuntamiento, se marchará cuando él decida.
En cuanto a la referencia que la Audiencia de Palma hace sobre ella y el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps –al considerar que el papel de ambos en el caso Noós podía haberse revisado–, Barberá aseguró que está basada en «juicios de valor gratuitos y extemporáneos» que, como tales, «no proceden ni tienen más valor que el de una opinión».
No tiene competencia
Barberá reiteró su «sorpresa y asombro» por «algunas reflexiones contenidas» en el auto de la Audiencia, y consideró que la sala «no es competente para hacer esas afirmaciones o conjeturas». Defendió, por contra, que quien sí tenía esa competencia era el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que «ya habló clara y contundente en su momento». La alcaldesa de Valencia resultó exonerada y por lo tanto no se le imputó ningún delito.
