Castedo hace llegar a Floriano el informe policial que la exculpa

Sonia Castedo parece dispuesta a no cejar en su empeño de demostrar su inocencia en todo lo referente a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, causa que la ha llevado a estar doblemente imputada con motivo de las investigaciones del caso Brugal. Incluso en el que se considera uno de los momentos más duros desde que salieran a la luz sus conversaciones con el empresario Enrique Ortiz. Las críticas han arreciado en los últimos días debido a los focos mediáticos que el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno han atraído esta semana hasta la ciudad. Protagonista en periódicos, radios y televisiones nacionales, no han faltado las voces contrarias a su continuidad en el cargo,ni siquiera dentro de su partido. A las declaraciones del portavoz del Partido Popular del País Vasco, Borja Semper, calificándola de «gangrena» para la formación, se unió el lapsus de Carlos Floriano, vicesecretario de organización del partido, que habló de la puesta en marcha de un «expediente de expulsión» cuando en realidad se quería referir al rutinario proceso informativo que recogen los estatutos internos cuando alguno de sus cargos es imputado.

Lejos de quedarse de brazos cruzados mientras el partido toma una decisión acerca de su futuro inmediato y la opinión pública devora su imagen no sólo política, sino también personal, Castedo se muestra beligerante en su autodefensa. Lo único a lo que de momento puede recurrir mientras la Justicia sigue los que para ella están siendo unos lentísimos cauces. Aunque para muchos la imagen dada no haya sido la adecuada en un dirigente, si a algo no está dispuesta la todavía alcaldesa es a admitir pasar a la historia como una «ladrona» o «choriza», calificativos que ha tenido que escuchar en no pocas ocasiones.

Así, la primera edil ha remitido a la calle Génova y a la atención de Carlos Floriano el informe policial ya avanzado en su momento por ABC en el que la policía concluye que nunca se había lucrado a la vista de los movimientos de sus cuentas bancarias durante el periodo objeto de la investigación sobre supuestos amaños en la tramitación del PGOU. En él se verificaron los movimientos en seis cuentas bancarias de cinco entidades, en total, en las que figuraban como titulares la propia alcaldesa y su marido, Arturo Soto. También se comprobaron los ingresos y gastos declarados por Castedo ante la Agencia Tributaria.

También se indagó el pago de los viajes a Andorra, con la conclusión de que la alcaldesa se ocupó personalmente de la reserva y su abono.