Calatrava defiende ante el juez que siguió las pautas de la Generalitat

El arquitecto Santiago Calatrava defendió ayer ante el juez la legalidad de sus contratos en la planificación del Centro de Convenciones de Castellón. Durante algo más de una hora de declaración en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad –que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones–, aseguró que «siguió las pautas del encargo» realizado por la Generalitat y cumplió «cada una de las fases establecidas en el contrato».

Calatrava afirmó en su citación que recibió una llamada telefónica en mayo de 2008 del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps –poco antes de la presentación de la maqueta– en la que le pedía que se volcara con el proyecto, resaltando su importancia para Castellón. Sus letrados matizaron que en ningún momento aludió a realizar el más ambicioso programa de necesidades, tal como indicaron el letrado de la acusación popular de Esquerra Unida (formación que presentó la denuncia que ha desencadenado la investigación) y el diputado autonómico Ignacio Blanco.

También se pronunció en este sentido el entorno de Camps, negando cualquier autorización para que hubiera «un sobrecoste o elevación».

En la relación de hechos remitida por el propio Calatrava, explica que en 2007 decidió desarrollar el Centro de Convenciones. En diciembre, el consistorio y la Generalitat firman un protocolo de intenciones por el que se comprometieron a entregarle el diseño y la construcción de esta infraestructura.

Posteriormente, firmó un contrato con la Sociedad de Proyectos Temáticos (dependiente del Gobierno autonómico) para preparar el Master Plan de urbanización, con el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución. Para ello, se establecieron unos honorarios de 2,7 millones de euros, que respondían al 4,5 por ciento de un presupuesto «orientativo» que se estableció inicialmente en 60 millones de euros.

En este punto es en el que los escritos del juez cuestionan la forma de establecer este acuerdo. Según los escritos del magistrado, esto podría suponer un aparente inclumplimiento contractual por parte de la empresa del arquitecto.