«Los abogados salen ahora peor preparados que antes»
Entrevista a José Sánchez Recuero, decano del Colegio de Abogados de Toledo
Cien letrados en ejercicio participarán hoy y mañana en unas jornadas de escuelas de práctica jurídica organizadas en la Ciudad Imperial por el Colegio de Abogados de Toledo . Su decano desde hace casi ocho años, José Sánchez Recuero, será también uno de los ponentes.
—¿Para qué se reúnen?
—Son unas jornadas que se celebran anualmente en las que participan escuelas de práctica jurídica de toda España y todos los colegios de abogados del país. Fundamentalmente, el objetivo de las jornadas es la formación continuada y la especialización en el ejercicio profesional como abogados.
—¿De qué van a discutir?
—Sobre el máster famoso para el acceso al ejercicio profesional. Ya no se colegia uno y ejerce directamente, sino que hay que pasar por una prueba de acceso. También hablaremos de una formación especializada para ofrecérsela a abogados en ejercicio que quieren dedicarse a una materia concreta, penal, laboral o lo que fuera para mejorar sus conocimientos y las bases jurídicas sobre estos asuntos.
—Con todo los años que lleva ejerciendo y además decano de los abogados de Toledo, ¿ve necesaria esa prueba de acceso?
—Estoy en contra de ella. Bastantes limitaciones tiene la gente para ejercer una profesión y encontrar un puesto de trabajo como para que encima le pongamos una prueba así. Yo sí estoy a favor de la formación, pero una vez que los abogados están en el ejercicio. Pero, tener que superar una prueba que necesariamente habilita para el ejercicio, se me antoja muy gravoso y exigente para aquellos que acaban el grado en Derecho.
—Además del aspecto académico, barato no será, ¿verdad?
—Obviamente. El precio depende de quién organice el máster. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Toledo tiene un acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha para esa prueba y creo que los alumnos pagan unos 1.800 euros, aunque hay estudiantes que tienen alguna beca o ayuda. Pero si se hace el convenio con universidades privadas, el máster es mucho más caro. ¿Qué supone esto? Además de los inconvenientes que tiene, a los alumnos les acarrea un coste y un gravamen a los que no se pueden enfrentar todos, después de haber acabado la carrera universitaria lógicamente.
—¿Y qué se puede hacer?
—Los colegios de abogados y las escuelas de práctica jurídica ya tienen, por ejemplo, una especie de máster que dura todo el año para el acceso al turno. Esa formación que se presume que no tienen cuando uno se inicia en la profesión la pueden ir recabando y la pueden ir adquiriendo como consecuencia del ejercicio y el paso del tiempo. Pero se me antoja innecesario pretender que, cuando han acabado el grado ahora o la licenciatura antes, tengan que superar una prueba de un curso que es casi un año y pico de duración. Además, no creo que sea muy práctico. Se ha demostrado también que no es muy docente ni pedagógico un tipo de examen así.
—¿Quién se encarga de la prueba?
—El Ministerio de Justicia y el de Educación, que no conocen realmente cuáles son los contenidos que se van a exigir o que necesariamente tiene que saber un abogado que va a ejercer en un futuro. Es un examen tipo test con contenidos muy teóricos. Estoy en contra de este tipo de controles y exámenes previos, sobre todo para ejercer. No deja de ser un inconveniente actualmente. Insisto: bastante problemas tenemos para encontrar un trabajo como para que encima limitemos el ejercicio.
—¿Salen bien preparados de la universidad los estudiantes con los nuevos grados de Derecho?
—Salen peor preparados con respecto a los que estudiaron la licenciatura. Actualmente, es un año menos de estudios y además los contenidos, la base y los conocimientos que tienen los estudiantes de ahora son menos que en el plan de estudios antiguo.
—Entonces, ¿no parece contradictorio exigir un máster luego?
—Es la contradicción. Lo más razonable sería hacer un plan de estudios como Dios manda para adquirir los conocimientos mínimos y básicos. Y luego, cuando tocase hacer las prácticas, adquirir esa formación práctica que se supone que debiera ser posterior. No tiene mucho sentido hacer planes de estudios muy cortos, muy ausentes de conocimientos y de base, y luego exigir un examen de acceso con unos conocimientos prácticos que difícilmente se han podido adquirir antes.
—¿Para qué han quedado los colegios de abogados?
—Para dos cosas. Una, la función social para defender a aquellos que tienen menos recursos o en riesgo de exclusión social, que sufren algún tipo de vulneración de derechos. Y dos, para formar a los abogados para que presten los servicios de la manera más eficiente y responsable.
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