El ministro de Sanidad retirará el copago de medicamentos de hospital de Ana Mato
La medida nunca llegó a ser efectiva por la rebelión de las comunidades, ahora Alonso cree que «no tiene mucho sentido» mantenerla
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha planteado en el Congreso la necesidad de revisar la implantación del copago para medicamentos de dispensación hospitalaria para pacientes que no están ingresados que aprobó su antececesora en el cargo Ana Mato en 2013. La medida que enfrentó a la ex ministra con todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular , nunca se había llegado a aplicar de forma efectiva. Solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuyos sistemas sanitarios dependen directamente de Sanidad, obedecieron e implantaron la medida de Mato.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, Alonso defendió la gestión de Mato -«que ha mantenido la sostenibilidad del sistema sanitario»- aunque planteó la necesidad de dar marcha atrás en esta decisión, como ya hizo la ministra con el pago para el uso de ambulancias para el traslado de enfermos no urgentes, la ortopedia o las productos de dietoterapia.
«La misma reflexión alcanza al copago de farmacia en los hospitales, que no tiene mucho sentido y creo que debemos revisar», reconoció. La llamada a la reflexión de Alonso se interpreta en el Ministerio como un anuncio, en la práctica, de la retirada en la práctica de este copago que entró en la reforma sanitaria de la ministra Mato.
Un tope máximo de 10 euros
La medida afecta a 157 presentaciones farmacológicas de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves (cáncer, reproducción asistida, artritis o hepatitis, entre otros). Todos fármacos muy costosos que no se pueden comprar en una farmacia convencional.
El copago obligaba a los enfermos crónicos a pagar un 10 por ciento del precio del fármaco hasta un tope máximo de 4,26 euros. Esto es, si el porcentaje a pagar superaba esa cifra, el paciente en ningún caso pagaría más de esos 4,26 euros por medicamento.
Varias comunidades autónomas llevaron la decisión del Ministerio de Sanidad a los tribunales por considerar que la medida «penalizaba» de forma arbitraria a enfermos crónicos graves. Los defensores de la medida argumentaban que si el hipertenso o el diabético paga parte de la receta en su farmacia, ¿por qué no pagar entonces los medicamentos que se dispensaban en las oficinas de los hospitales?.
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