La jueza imputa al interventor y la tesorera de San Fernando en el desfalco municipal

La nueva juez del desfalco pretende sumar nuevas imputaciones y ya serían una decena las personas que forman parte de una causa que suma seis años de instrucción y sigue sin tener fecha de juicio. En el último auto sobre el caso se considera que tanto el interventor, José Antonio López, como la tesorera, María de las Virtudes Gómez, deben acudir el próximo mes de septiembre bajo esta calificación ya que se entiende que podrían haber cometido un presunto delito de malversación por la desaparición de los 7,8 millones de euros.

Aunque en el propio auto de la imputación ya se deja claro que no se les acusa por intencionalidad a la hora de llevarse dinero sino por una presumible conducta negligente que precisamente permitió que los hechos ocurrieran.

Motivo por el que la decisión ha sido recurrida por la Fiscalía, que entiende que al no estar probada en la causa la intencionalidad de llevarse dinero o beneficiarse de la situación, no tienen que ser imputados bajo la visión del nuevo código penal. Ahora es la Audiencia la que debe pronunciarse al respecto.

Tanto el interventor como la tesorera, que actualmente siguen desempeñando sus funciones dentro del Ayuntamiento de San Fernando, ya fueron condenados por el Tribunal de Cuentas (aunque se encuentra en periodo de alegaciones) al considerar que eran responsables administrativos subsidiarios de lo ocurrido, precisamente por el supuesto abandono en sus funciones, lo que llevó a que el dinero pudiera ser sustraído.

De esta manera el interventor ya debe hacer frente al pago de más de 67.000 euros, una cifra muy inferior a la que pedía el propio Ayuntamiento en su reclamación al Tribunal de Cuentas, al entenderse que parte de los hechos están prescritos por lo que se le rebajan unos 15.912 euros, además de considerarse una serie de atenuantes, extensible al resto, como la cantidad de trabajo, la falta de medios o su colaboración para descubrir lo ocurrido y la puesta de medidas para que no vuelva a suceder.

Por su parte la tesorera fue condenada a pagar 29.544 euros. Una cifra menor ya que estuvo menos años y solo parte de los 7,8 millones de euros se sustrajeron mientras ella estaba al frente de la Tesorería. Además de los atenuantes anteriores.

Ambos funcionarios fueron los responsables de interponer la demanda que en abril de 2009 daba a conocer que se había producido un supuesto robo en las arcas municipales de San Fernando.

Sobreseimiento

Desde el principio fueron imputados por tales hechos la cajera, María José Lebrero, y el jefe de cajeros, Clemente Ruiz, al que se señala como la supuesta persona que sustraía el dinero. De hecho su mujer su suegra y una familia de origen marroquí muy cercana al funcionario también han sido imputados aunque los últimos por un presunto blanqueo de capitales. En este sentido, el auto recoge el sobreseimiento de la imputación tanto de la suegra de Clemente como de una de las mujeres que pertenecían a este clan familiar, dictando orden de busca y captura para el resto de miembros, cuando presumiblemente están en Marruecos.

La Fiscalía también recurre estas decisiones al entender que no es el momento procesal para realizar tales sobreseimientos y pidiendo que la orden de detención sea a nivel internacional, ya que presumiblemente están fuera de España. Todo ello cuando se intenta hacer una división del proceso entre la malversación y el blanqueo, algo a lo que también se opone la Fiscalía a la espera al menos de que se realicen todas las testificaciones de los imputados.