Inversión en convivencia

El último Consejo de Ministros ha conocido el proyecto del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2006-2009, un paquete de medidas destinadas, aunque no lo refleje su enunciado, a conseguir la cohesión social entre los inmigrantes y la sociedad española de acogida. De esta iniciativa gubernamental articulada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destacan positivamente que llegue acompañada de presupuesto específico, 2.000 millones de euros; que este dirigido a toda la sociedad, no sólo a los inmigrantes, y que pueda servir de acicate para que todas las administraciones multipliquen sus políticas en este área. Desde hace tiempo se hacía esperar un programa de esta naturaleza lanzado desde los poderes públicos, ya que la mayoría de los ciudadanos percibe el fenómeno migratorio como una novedad o incertidumbre en su convivencia, más que una cuestión de control de entradas en las fronteras. El Plan, cuya aprobación no debería demorarse, cubre así un vacío que se apreciaba en el Gobierno, en Comunidades Autónomas y en ayuntamientos sobre el modo de incardinar a los inmigrantes, de orientar a los naturales españoles ante sus nuevos vecinos y de aplicar recursos económicos en según qué sectores.

El vidrioso debate sobre si la política ante los inmigrantes deben presidirla criterios de multiculturalidad o de integracionismo, está bien resuelto en el Plan Estratégico, pues no aparece ni una sola mención al multiculturalismo, mientras que sí se hace a la cohesión y la integración. No obstante habrá que esperar a su ejecución, que corresponderá a administraciones y entidades de la sociedad civil, para comprobar cómo es posible esa integración que, respetando tradiciones en el ámbito privado, sus portadores acaten y se adapten a las reglas del juego cívico y político de una sociedad como la española.

La formulación de este Plan no es suficiente para garantizar el éxito de sus objetivos, algunos aparentemente pretenciosos como el de conseguir el «sentimiento de pertenencia», ni siquiera por la diversidad de instituciones que han participado en su elaboración. No se trata de una ley de obligado cumplimiento sino de un programa de actuaciones que, de acuerdo con el estado autonómico y como dice el propio borrador, es un marco de cooperación de iniciativas de las administraciones públicas y la sociedad civil. Habrá que confiar en que esos 2.000 millones que ponen sobre la mesa cinco ministerios sean estímulo suficiente para la implicación, con nuevas aportaciones, del resto de poderes públicos en lo que sin duda es una inversión en convivencia futura y en cohesión social.