Cheney afirma que el rastreo de transacciones bancarias es «clave» en la lucha antiterrorista

El vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, saltó ayer de nuevo a la arena esta vez para defender el rastreo de archivos financieros internacionales y se mostró «ofendido» por la divulgación del programa secreto, según informó The New York Times. Cheney se sumó a la lista de funcionarios de alto rango del Gobierno que preside George W. Bush que desde el jueves han apoyado a muerte el programa, operado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con la supervisión del Departamento del Tesoro.

El diario divulgó el programa de espionaje esta semana y posteriormente otros rotativos nacionales ampliaron la cobertura de la controversia. «Lo que más me perturba de todo esto es que algunos medios de comunicación se prestan a divulgar programas que son clave para la seguridad nacional, lo que dificulta aún más nuestra tarea de prevenir más ataques contra el pueblo estadounidense. Eso me ofende», dijo el número dos durante un acto de recaudación de fondos.

Más adelante, el vicepresidente manifestó al diario neoyorquino que el programa es una herramienta «absolutamente clave» en la lucha antiterrorista y que se lleva a cabo con apego a la ley y a la autoridad que la Constitución le confiere al Ejecutivo.

Al igual que las escuchas telefónicas de los estadounidenses con presuntos vínculos terroristas, este programa de rastreo «es absolutamente clave para protegernos de futuros ataques», señaló Cheney a The New York Times.

No obstante, los grupos de defensa de los derechos civiles han criticado a fondo el programa al advertir que los datos han sido capturados por las autoridades norteamericanas «apelando a unos acuerdos secretos y en términos que desconocemos».

El programa en cuestión rastrea todas las actividades financieras internacionales de presuntos terroristas, en particular las transacciones desde y hacia Estados Unidos. La información proviene de una empresa conocida por sus siglas Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), con sede en Bélgica y que está a cargo de casi todas las transacciones de dinero internacionales. EE UU tiene acceso a la información de esta compañía mediante el uso de citaciones judiciales.

El Gobierno de Bruselas no ha tardado en reaccionar. Su ministra de Justicia, Laurette Onkelinx, ha ordenado abrir una doble investigación sobre este caso. Onkelinx solicitó un informe al respecto de esas operaciones a los servicios de Seguridad del Estado y otro más al departamento federal responsable de tratar la información financiera (Cetif, en sus siglas en francés).

Análisis jurídico

El Cetif realizará un análisis jurídico para comprobar que las actividades de Swift no vulneraron las leyes belgas, que obligan a las instituciones financieras a informar de toda operación sospechosa de estar vinculada al blanqueo de dinero o a la financiación del terrorismo.

La titular de Justicia desconocía el hecho de que el Gobierno estadounidense vigilaba desde hacía varios años las operaciones financieras internacionales que se canalizaban a través de Swift, según informó el Departamento que dirige Onkelinx. «La ministra no estaba, al igual que el primer ministro (Guy Verhofstadt), en absoluto al corriente. Sólo lo supo el viernes, tras la publicación de artículos en la prensa», dijo el portavoz del Ministerio de Justicia en un comunicado.

La ministra salió así al paso de una información publicada ayer en el diario flamenco De Standaard, en la que se decía que estaba al corriente de las actividades que Swift realiza. Esta sociedad, que funciona desde 1977, ofrece a unas 7.800 instituciones financieras de todo el mundo servicios de mensajería estandarizados y bajo total seguridad, sin contar con fondos ni gestionar cuenta bancaria alguna.

A diferencia del Gobierno federal, el Banco Nacional de Bélgica (BNB) sí conocía que Swift llevaba años facilitando a los servicios estadounidenses de lucha antiterrorista información sobre transferencias de este tipo, según varios diarios belgas. Tanto De Standaard como Het Volk y Het Nieuwsblad, informaron de que el BNB habría dado cuenta, de manera informal, de las actividades de Swift al ministro de Finanzas, Didier Reynders.