AFECTADOS. Los inversores se organizan en toda España. / EFE
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El Parlamento rechaza un fondo para los afectados de Afinsa pero adelantará ayudas

El Gobierno culpa a las autonomías de falta de control en la estafa y cree que las compensaciones tardarán en llegar Aprobada la creación de un registro de este tipo de empresas

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El Gobierno culpó este jueves a las autonomías de la falta de supervisión existente en el sector de la inversión en bienes tangibles (sellos, obras de arte, antigüedades...) y en concreto apuntó a la Comunidad de Madrid por tener en su territorio las sedes principales de Afinsa y Fórum Filatélico, las dos sociedades intervenidas por la Audiencia Nacional ante la sospecha de un fraude masivo multimillonario. Al mismo tiempo, rechazó la creación de un fondo de ayuda específico para los clientes de ambas entidades, petición que también fue desestimada por el Congreso de los Diputados

Los afectados recibirán otro tipo de apoyos, si bien sólo una parte conllevará contraprestación económica, sin que se pueda avanzar aún a cuánto ascenderá. La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, declaró este jueves que el Ejecutivo va a estudiar, a instancias de la cámara baja, «la posibilidad de articular medidas orientadas a conceder anticipos a cuenta» de las inversiones hechas por los clientes de Afinsa y Fórum. Este adelanto de fondos se podría articular con créditos-puente que concedería el Estado con cargo a las indemnizaciones que en su día pudieran acordar los tribunales.

El problema es que estas ayudas tardarán meses en llegar, entre otras cosas, porque es necesario analizar la situación de cada inversor, a fin de priorizar los casos en que se detecten situaciones especialmente precarias.

Una propuesta del PP, rechazada ayer en el Congreso, pedía también que se eximiera a los clientes de Fórum y Afinsa de seguir declarando sus inversiones, al haberlas perdido. Por el contrario, el Pleno de la Cámara Baja sí aprobó una moción de CiU enmendada por el PSOE que, junto a los posibles anticipos a cuenta, propone crear un registro obligatorio de este tipo de empresas.