Los fiscales antidroga de España piden que se regularicen las conversaciones telefónicas

Los fiscales pertenecientes a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas concluyeron hoy en la junta general celebrada en Cádiz que "es preciso" que haya una "adecuada y completa" regularización de las conversaciones telefónicas y todo aquello que suponga una limitación de las comunicaciones, como recoge el artículo 18.3 de la Constitución Española.

En el acto de clausura de la junta general de los fiscales antidroga, el fiscal jefe en funciones de la Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico de drogas, José María Lombardo, manifestó las conclusiones, referentes a la intervención del ministerio fiscal, a las conversaciones telefónicas, al decomiso y enajenación de bienes y a la coordinación entre fiscales.

Así, señaló que los fiscales antidroga consideran que la "presencia" del ministerio fiscal en los gabinetes de coordinación "ha de ser constante", así como que "debe de estar informado de todas aquellas actuaciones que llevan consigo una investigación para lograr el éxito de las mismas".

Asimismo, los fiscales concluyeron que dicha presencia "puede ser física en aquellas reuniones del gabinete de actuación, cuando se estime necesaria debido a la complejidad del asunto o de la materia o del objeto a tratar".

En cuanto a las intervenciones telefónicas, la conclusión de la junta de los fiscales antidroga fue que "es preciso que por parte del legislador se dé una adecuada y completa regularización de las conversaciones telefónicas y todo aquello que suponga una limitación de las comunicaciones, como recoge el artículo 18.3 de la Constitución Española".

Además, indicaron que "debido a los modernos equipos y a las nuevas tecnologías, se precisa que la nueva legislación que aparezca se adecue a los nuevos medios mecánicos existentes".

La tercera conclusión de la junta fue referente a la venta y decomiso de objetos. Así, concluyeron que los vehículos y objetos o instrumentos intervenidos a las personas incursas en un procedimiento "se entreguen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tengan como función la persecución e investigación de este tipo de delitos".

En cuanto a la enajenación de bienes, los fiscales solicitan que se ponga en práctica el artículo 374 del Código Penal para la venta de los mismos anticipadamente, ya que los objetos sufren una depreciación desde que se interviene hasta que se dicta sentencia, además de que suponen un gasto "considerable" para las administraciones el tener retenido, parado y en desuso un vehículo o una embarcación anclada en un puerto.

Además, pidieron dentro de la coordinación entre los distintos fiscales delegados que estén comunicadas por un procedimiento informático las fiscalías delegadas para la lucha contra el tráfico ilegal de droga.

REFORMAS

La junta fue clausurada por el fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que tras recordar su paso por la Fiscalía antidroga, indicó que "hay que seguir trabajando", ya que el narcotráfico "es un ejemplo paradigmático" de la delincuencia organizada.

En este sentido, hizo referencia a la implantación de organizaciones criminales en España, afirmando que "se han unido al crimen organizada actividades importadas de otros países", como los atracos y robos en vivienda con los dueños en su interior o los secuestros exprés.

Zaragoza indicó que "quizás sea necesario abordar reformas importantes desde el punto de vista orgánico, sustantivo y procesal", con el fin de "profundizar en la especialización de la jurisdicción penal en la lucha contra el crimen organizado, incluso redefiniendo las competencias que tiene actualmente la Audiencia Nacional", así como "para mejorar la legislación penal e incluir la figura de la pertenencia o participación en la organización criminal y para mejorar los instrumentos y técnicas de investigación".