El PP y los nacionalistas frenan el estudio para reformar la Ley Electoral

Izquierda Unida tendrá que resignarse. La reforma de la Ley Electoral con la que pretende poner fin a su desventaja numérica en el Congreso -es la tercera fuerza más votada de España, pero la sexta en número de diputados-, quedó ayer postergada sine die. La comisión Constitucional debía crear un grupo de trabajo para abordar la propuesta que el PSOE planteó en su programa electoral y que José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a impulsar, según Gaspar Llamazares, en la reunión que ambos mantuvieron en La Moncloa el julio pasado. Los recelos de las formaciones nacionalistas, que temen salir perjudicadas con los cambios, y del PP, que desconfía de las intenciones de los socialistas, lo impidieron.

En realidad, el PSOE da por hecho que la ley Electoral no podrá modificarse en esta legislatura. Esta es, según argumentan, una de esas normas básicas que no deben tocarse si no existe un amplio consenso y si los dos partidos mayoritarios no lo consideran oportuno. Es el caso.

La lista más votada

Los populares también desean un cambio, aunque su intención es, según anunció en su día Mariano Rajoy, establecer por ley que sea la lista más votada la que gobierne. Así se evitaría que pactos como el alcanzado en Galicia entre el PSOE y el BNG impidan a quien obtenga mayor respaldo ciudadano (en este caso Manuel Fraga) formar Ejecutivo.

El portavoz del PNV en la comisión constitucional, Aitor Esteban, rechazó la idea con el argumento de que tras el debate se esconden «intereses oscuros» para debilitar a formaciones como la suya. Y también el representante de CiU, Jordi Xuclà, admitió «prejuicios» hacia la reforma.

Las reticencias del PP tuvieron otra orientación. A juicio de su portavoz, Juan Carlos Vera, es necesario contar con el compromiso de que se someterán a debate todas las propuestas de modificación de la ley, lo que incluye la recogida en la ley de Igualdad para que existan listas electorales paritarias. De momento, ni esta ni ninguna otra. El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares , dejó claro que su formación «sencillamente no va a admitir su discriminación en el sistema político» y consideró «intolerable» que sus diputados les sigan costando cuatro veces más que a otros grupos de la Cámara, en función de la actual interpretación de la Ley d'Hont.