La Fiscalía eleva a 146 años de cárcel su petición de condena para Gadafi

La Fiscalía ha elevado hoy de 103 a 146 años de prisión su petición de pena por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Munguía (Vizcaya) para el etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi", quién se enfrentó a su sexto juicio este año, con lo que acumula una petición de 387 años de cárcel.

En lo que va de año se han celebrado seis vistas en la Audiencia Nacional, con un petición que suma un total de 387 años de cárcel, además de los seis años a los que ya ha sido condenado también este año por el atentado frustrado en una taberna de Santurce (Vizcaya) en 1991.

En el juicio de hoy, Gadafi se enfrentó a la acusación de un delito de atentado terrorista, cinco delitos de asesinato en grado de frustración, dos delitos de robo con toma de rehenes y un delito de estrago, por el ataque al cuartel de Munguía con un camión cargado con tubos lanzagranadas.

El acusado permaneció sin inmutarse durante todo el juicio y nuevamente se negó a declarar ante el tribunal, silencio que fue interpretado por parte del fiscal como muestra de su "participación en los hechos ocurridos". Según el ministerio fiscal, el 1 de noviembre de 1990, "Gadafi" y otros dos miembros del "comando Vizcaya", el fallecido Juan María Ormazabal, alias "Turko", Jesús María Mendinueta Flores, y Javier Martínez Izaguirre planearon el atentado contra la casa cuartel.

Para ello "Gadafi" y "Turko" se reunieron con un hombre con quien habían acordado los servicios de transporte de un camión para el 27 de marzo de 1991. Dejaron atado al transportista a un árbol, donde también ataron a un ganadero para robarle el coche, y tras esto, "Gadafi" y otros dos integrantes del comando colocaron en el camión unos tubos lanzagranadas que se accionaban automáticamente apuntando hacia el cuartel.

Las explosiones causaron heridas a un policía, que tuvo que solicitar la baja definitiva del Cuerpo por las lesiones, además de a un brigada y a cuatro guardias civiles, así como cuantiosos daños materiales. Las granadas fueron facilitadas por un intermediario en Francia, Jesús Arcauz Arana, quien se encuentra cumpliendo condena en España, y que según el fiscal era el "responsable del aprovisionamiento logístico" ya que proveía de armas a varios comandos de ETA, y además les filtraba información para cometer atentados.