Justicia recurre al alquiler temporal de locales para salvar el actual estado de precariedad

La Consejería de Justicia y Administración Pública tiene abierta una decena de frentes en la provincia de Cádiz para mejorar el estado de las infraestructuras judiciales que recibió fruto de la transferencia de competencias desde el Gobierno central en 1997. El último capítulo que está a punto de cerrarse es el de los juzgados de la Cárcel Real de Cádiz, que serán trasladados definitivamente a los bajos comerciales del Estadio Carranza como solución provisional hasta la construcción de la Ciudad de la Justicia.

La consejera de esta área, María José López, confirmó ayer esta operación, ya anunciada por LA VOZ, que pondrá fin a la insostenible precariedad que sufren las instalaciones gaditanas y que han suscitado continuas denuncias tanto de los profesionales del Derecho como de las organizaciones políticas y sindicales. López explicó que la solución a estos juzgados «no puede esperar a la Ciudad de la Justicia», cuya obra se ha retrasado por la aparición de un yacimiento arqueológico, por lo que la Junta de Andalucía ha optado por alquilar estos locales, que son propiedad de Zona Franca, hasta la construcción de la nueva sede, que tendrá una superficie de 25.000 metros cuadrados y concentrará todos los órganos judiciales. El traslado será «inmediato», una vez que se concluya el estudio de necesidades de distribución de las dependencias y se firme el contrato de arrendamiento con el Consorcio que dirige José de Mier.

Informe de Patrimonio

Ésta será la nueva ubicación de los juzgados durante, al menos, cinco o seis años porque las obras de la Ciudad de la Justicia no empezarán hasta el año 2008. Según explicó María José López, la Consejería espera recibir «en breve» el informe de la Dirección General de Patrimonio sobre el estado del solar y de los hallazgos, tras lo que se encargará la redacción del proyecto que contará este año con una inversión de 257.100 euros de los más de 31 que cuesta toda la ejecución.

Sobre este proceso, la consejera aseguró que ha tenido un carácter «prioritario» para el Gobierno regional y criticó duramente la «negativa permanente» y la «nula colaboración» del Ayuntamiento de Cádiz en la búsqueda de alternativas, tanto de nuevos locales como de posibles rehabilitaciones, «pese a ser un órgano tan importante y de tanta necesidad en Cádiz», remarcó López.

Esta estrategia de alquiler temporal de locales hasta la finalización de los nuevos juzgados no es exclusiva de la capital, sino que también se producirá en otras localidades de la provincia como El Puerto de Santa María, San Fernando o La Línea, donde el fuerte deterioro de las instalaciones es insostenible y hace inviable la normal práctica judicial. «Lo que se está haciendo es crear una red de edificios puente para resolver las necesidades actuales» mientras concluyen las obras o procesos definitivos.

En El Puerto, la negociación también se ha desarrollado con Zona Franca, que arrendará a la Junta de Andalucía unas oficinas de 2.000 metros cuadrados en el polígono de Las Salinas mientras se define el proyecto de una nueva infraestructura en los terrenos de la Angelita Alta que sustituya a la actual sede de la plaza del Castillo, «que está en situación muy precaria», según calificó López.

En el caso isleño, los juzgados de San José también están pendientes de traslado y mientras se finaliza la redacción del proyecto de nuevas instalaciones, se mudarán a un edificio provisional para salvar el deficiente estado actual.

Planes en la provincia

Esta medida de alquileres temporales se ha centrado sobre todo en el litoral de la Comunidad, debido a la escasez de suelo disponible por la protección de Medio Ambiente y la alta explotación urbanística de algunas zonas.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía, del que la provincia recibirá este año inversiones por más de 3 millones de euros. Además de estos traslados, la Junta ha mejorado, construido o proyectado instalaciones en Chiclana, Jerez, La Línea, Puerto Real, San Roque, Sanlúcar, Arcos o Ubrique con el objetivo de propiciar «una justicia de futuro, transparente, ágil y eficiente», según concluyó María José López en su visita a Cádiz.