La alerta del TSJA en la provincia

La Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, más allá de las cuestiones orgánicas y de dotación de nuevos juzgados, refleja, quizá hasta pálidamente, la realidad preocupante de la criminalidad organizada. «Se está extendiendo...», ha dicho Méndez de Lugo, el presidente del alto organismo, en unas llamativas declaraciones en las que llega a alertar de que es el propio Estado el que está en riesgo. Pero no es exactamente así: la mafia está más que extendida y consolidada. Son muchas las voces que lo vienen indicando en los últimos tiempos y la acreditada del presidente del TSJA, avalada por los datos, no supone sino un salto cualitativo en la alerta.

Si en la gestora encargada de limpiar Marbella se integra un abogado defensor de uno de los sujetos a limpiar; si en El Puerto un concejal de urbanismo mira para otro lado cuando alguien le construye una piscina en el jardín, y los grupos políticos mayoritarios le apoyan; si en Sanlúcar un juicio penal está desvelando cómo se las gastan los mecanismos de poder, por sólo citar tres casos de los últimos días, o si se descubren operaciones como las muy sonadas Halcón y Karlos, sobre las facturas falsas y los certificados de incapacidad laboral por minusvalías inexistentes, no se pueden considerar asuntos curiosos o producto de los tiempos que corren.

Los escándalos se suceden. La operación Malaya se ha comido a la operación Ballena Blanca y ambas parecen coincidir en una serie de prácticas tan extendidas como, al parecer, la de las facturas falsas, respecto a la cual se ha llegado a decir en ambientes responsables que representan «una industria» por sí mismas en la Sierra.

Por otra parte, conviene hacer notar un detalle. El presidente del TSJA pone el acento en la necesidad de perseguir el blanqueo de dinero, talón de Aquiles, dice, de los grupos mafiosos. Pero además de investigar cuentas, es preciso perseguir los delitos primeros, que son obvios: la delincuencia inmobiliaria, la corrupción de funcionarios públicos, la trata de personas con fines de explotación sexual, etc., han de ser perseguidos como «delitos fin» que son, y no a través de un confuso «delito medio» como es el blanqueo de dinero.

En todo caso, es evidente que estamos ante un problema de gran relevancia y que la Justicia en la provincia, ya de por sí atascada y mal dotada, se ve obligada a hacer frente a una actividad delictiva de dimensiones difícil de abarcar, contra la que han fracasado aparatos mucho mayores. Es preciso exigir más medios, judiciales y policiales, para evitar que prospere la delincuencia organizada, también en parte amparada por la falta de eficacia de los tribunales gaditanos. Ya son demasiadas las voces de alarma, y demasiado acreditadas, pues proceden de las altas instancias de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, como para desestimarlas o minusvalorarlas.