La Policía considera que apenas se ha destapado el 40% de la trama marbellí

El baile de papeles y de cifras no ha hecho más que empezar. Los investigadores del caso Malaya han recabado montañas y montañas de documentos -se llenaron hasta cinco furgonetas durante los registros- que ahora están siendo analizados para desenmarañar la corrupción en el Ayuntamiento marbellí.

Los especialistas de la Udyco-Costa del Sol y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de Madrid, se enfrentan a una tarea titánica. De hecho, los investigadores consideran que las pesquisas están a un 40% del caso en función de lo que, a priori, se espera encontrar, según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía. Dicho de otro modo, aún queda más de la mitad de la trama por destapar.

Las gestiones se centran ahora en analizar el importante volumen de documentos intervenidos sobre convenios municipales presumiblemente irregulares, el entramado de sociedades y empresas interpuestas, o el millar de cuentas bancarias intervenidas.

La investigación policial y judicial se desencadenó en torno a dos concesiones municipales: la del servicio de grúa y la del transporte público. No obstante, al tirar de esos hilos, la policía ha destapado una red de concursos y subastas sospechosas de ser manipuladas.

Trámites bajo cuerda

No parecen casos aislados, ya que, en el auto de prisión contra el asesor de urbanismo municipal, Juan Antonio Roca, el juez concluye que, según la investigación, «no se puede realizar ningún trámite importante en el Ayuntamiento de Marbella sin pagar antes a Roca o a alguno de los concejales». Su conclusión perfila las dimensiones reales del caso.

Las pesquisas avanzan ahora en dos direcciones. De una parte, la corrupción política y sus tentáculos empresariales, en los delitos de cohecho, maquinación para la alteración de precios, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Y, de otra, la manera en la que se cristalizaban las ganacias ilícitamente obtenidas: el blanqueo de capitales. El asunto no es baladí. Sólo el entramado presuntamente creado por Roca, y sus colaboradores estaría compuesto por 120 sociedades que servían para amasar su multimillonario patrimonio.

Según afirmaba ayer mismo el fiscal jefe Anticorrupción , Antonio Salinas, «el trabajo más duro está por llegar». Ahora hay que «cruzar» todas las cuentas y mirar cómo se compró y financió ese entramado empresarial. La investigación está en una primera fase, por lo que no descartó nuevas detenciones, declaraciones o imputaciones.

De momento, las pesquisas policiales, que han llevado a la cárcel a la alcaldesa, Marisol Yagüe, y a otros siete presuntos implicados, comenzó en noviembre de 2005 en el seno de la Comisaría Provincial de Málaga. La operación Malaya no surgió dentro del caso Ballena Blanca, sino a raíz de éste. Fuentes cercanas al caso señalaron a este periódico que la investigación surgió de las propias indagaciones policiales sobre la corrupción en el consistorio marbellí y se fortaleció por la relación de trabajo que se creó con el juez que dirigió el Ballena Blanca, el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Miguel Ángel Torres.

Delito urbanístico

Salinas, no obstante, aseguraba que el inicio de la faraónica operación fue la declaración del jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento marbellí a raíz de un presunto delito urbanístico que puso sobre la pista de Roca. A partir de ahí, todo consistió en «tirar del hilo». Lo curioso es que se también se produjo en noviembre de 2005.

Respecto a la posible incompatibilidad de Miguel Angel Torres para instruir los dos casos, el de Ballena Blanca y Opeación Malaya, Salinas fue tajante: «no debe llevarse a otro juzgado aunque sea a la Audiencia Nacional porque sería una dilación perjudicial para la causa». También descartó -al menos inicialmente- la conexión con otros consistorios, aunque se investigan más casos de corrupción. «Marbella es un asunto que ha tenido una gran trascendencia mediática porque afecta al ayuntamiento y a cinco de sus miembros, pero no cabe duda de que hay asuntos mucho más graves. Marbella no es la estrella del crimen organizado», afirmó.

Cajas fuertes

Lo cierto es que ante el volumen de documentos que emanan del caso, el magistrado reclamó ayer a la Junta de Andalucía varias cajas fuertes, armarios de seguridad y más personal y espacio para ejercer su labor. La solicitud se justifica en el número de registros efectuados por la policía en los que fueron incautadas gran cantidad de cajas con documentos y archivos informáticos. La delegada de Justicia, Aurora Santos, se comprometió a atender la petición de este juzgado.

Hasta el momento, parece que no se ha perdido ninguna de la documentación intervenida. Así lo afirmó Antonio Salinas, para quien lo ocurrido en las instalaciones municipales de la calle Jacinto Benavente no fue un robo sino un «simulacro con la finalidad de rememorar la etapa de Jesús Gil», en referencia a la desaparición de unos sumarios de los juzgados marbellíes en agosto de 2001 que provocó el suicidio de un funcionario judicial que estaba siendo investigado.

Antonio Salinas confirmó que la Policía había aumentado sus efectivos para esta operación, no así la Fiscalía de Málaga «que últimamente está bastante reforzada». Prueba de ello es la rapidez con la que se ha actuado «para evitar la destrucción de pruebas». La obstrucción de la Justicia es uno de los argumentos que esgrime el juez para mantener en prisión a Marisol Yagüe. Para la Fiscalía Anticorrupción sigue siendo una razón válida «porque es la alcaldesa y tiene dominio sobre los funcionarios municipales».