El Consejo de Ministros aprueba la disolución del Ayuntamiento de Marbella

El Consejo de Ministros ha acordado hoy disolver el Ayuntamiento de Marbella ante las "gravísimas imputaciones judiciales" que pesan sobre parte de sus miembros en relación con una trama de corrupción urbanística, informó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El Ejecutivo ha adoptado esa decisión tras la propuesta de la Junta de Andalucía y una vez recibidos los informes preceptivos a favor de la disolución del Senado y la Comisión Nacional de Administración Local, así como el dictamen del Consejo de Estado que señala la imposibilidad de celebrar elecciones parciales en Marbella. La gestión de la ciudad quedará en manos, dijo De la Vega, de una Comisión Gestora de la que el Gobierno espera que adopte sus decisiones "con el mayor consenso posible y teniendo e cuenta siempre el interés general", aunque -dijo- contará con la libertad y los límites que le confiere la ley "para tomar las decisiones que estime pertinentes".

Según la información facilitada por el Gobierno, hasta que se produzca el nombramiento de esa Comisión, que corresponde a la Diputación Provincial de Málaga, los restantes miembros que forman parte de la corporación actual continuarán gobernando en funciones. En ese periodo, añade el Ejecutivo, los ediles "sólo podrán ocuparse de los asuntos de gestión ordinaria de la ciudad y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada". La disolución, una medida sin precedentes en la reciente historia de España, está regulada en la Ley de Bases de Régimen Local para casos de "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

Tres argumentos para justificar la medida

En primer lugar la "contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo", así como su "absoluta falta de colaboración con la Junta de Andalucía, al desatender sus numerosas solicitudes y requerimientos". En segundo, la "inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras", al igual que otras irregularidades, que incluyen permutas y enajenaciones de inmuebles contrarias a la legalidad. En tercer lugar, en la "compleja y delicada situación" provocada por la salida del consistorio de concejales y alcaldes inhabilitados penalmente, así como la situación procesal de diversos cargos municipales imputados como la alcaldesa, la primer y quinto tenientes de alcalde, varios concejales, el ex gerente de Urbanismo y el secretario del Ayuntamiento.

Tras la disolución, y conforme a los que establecen las leyes de Régimen Electoral General y de Bases del Régimen Local, la Diputación de Málaga procederá en los próximos días a la designación de una Comisión Gestora, que asumirá la administración del municipio hasta las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2007. Su número de miembros, señala el Gobierno en la referencia del Consejo, no excederá del de la Corporación y ejercerá las funciones de alcalde aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Gestora. El Gobierno recuerda que esa es la solución por la que se ha pronunciado el Consejo de Estado que, consultado sobre la cuestión por el Ejecutivo "con el fin de respetar escrupulosamente la legalidad vigente", descartó la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas por falta plazo legal.