Repsol defiende la legalidad de sus operaciones en Bolivia

«No hay nada ilegal, vamos a seguir trabajando en Bolivia, donde queremos colaborar con el Gobierno para esclarecer este asunto». Así se expresó ayer una portavoz de la petrolera hispano-argentina horas después de que la Aduana Nacional del país andino anunciara la presentación de una demanda contra la filial de la firma en el país (Andina SA) por un presunto delito de contrabando de crudo. «Es un delito imposible», añadió la misma fuente, que subrayó que la empresa se mantiene «en permanente contacto» con las autoridades de La Paz.

Repsol YPF aseguró que en ningún momento ha actuado con intención de esquivar las leyes bolivianas e hizo especial hincapié en su intención de «aclarar todo y seguir invirtiendo», apuntó la portavoz. La firma planea una inversión de 125,7 millones de euros en un proyecto conjunto con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para la construcción de una planta de separación de líquidos para abastecer de gas licuado de petróleo al país. La misma fuente descartó que el incidente desatado por la Aduana pusiera en peligro este proyecto.

El presidente interino de la Aduana Nacional boliviana, Ricardo Alba, adelantó el viernes que el organismo presentará mañana ante la Fiscalía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra un exhaustivo informe que evidenciaría un «presunto contrabando» de 230.399 barriles de crudo, valorados en 7,5 millones de euros.

Documentación

El informe destaca que Andina SA (participada al 50% por Repsol YPF y el Estado boliviano) exportó esos barriles «sin contar con la documentación legal consistente en la autorización del Ministerio de Hidrocarburos». Un extremo que la española niega de forma tajante. «Contamos siempre con el conocimiento de las autoridades y con todos los permisos, primero transitorios y después de carácter definitivo», afirmó la portavoz.