Diputación critica el «oscurantismo» del Gobierno sobre la energía eólica marina
De Bernardo rechaza que no se cuente con la opinión de otras administraciones y plataformas ciudadanas
Actualizado: GuardarEl diputado responsable del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz, Manuel María de Bernardo (PA), criticó ayer el «oscurantismo» del Gobierno respecto de la energía eólica marina, al preparar ya borradores de las normas reguladoras sobre la tramitación de autorizaciones y estudios de impacto ambiental «sin contar» con la opinión de otras instituciones y plataformas ciudadanas que puedan verse afectadas por este tipo de instalaciones, a excepción de los grupos ecologistas.
Según De Bernardo, no es de recibo que los ministerios de Medio Ambiente e Industria se hayan dirigido a estas organizaciones, «mientras ignoran a los ayuntamientos y colectivos, con las distintas posiciones que puedan mantener al respecto». A su entender, la consulta a Greenpeace o Ecologistas en Acción no es más que un intento de ambos ministerios de «buscar apoyos» de quienes sí se han mostrado favorables a estos proyectos.
Lamentó que desde el Ejecutivo central se ignoren experiencias como el Foro de la Energía Eólica Marina, en el que participaron todas las partes implicadas y afectadas por los proyectos que se plantean en el litoral de la provincia, desde empresas promotoras a administraciones, pescadores, ecologistas, empresarios o sindicatos, y «cuyas conclusiones desvelaron que sobre los parques no hay claridad ni seguridad ni estudios firmes». Para el diputado, el procedimiento para la regulación de la energía eólica marina necesita de un «consenso general».
Por su parte, el alcalde de Vejer, Antonio Jesús Verdú (PSOE), insistió en que independientemente de cómo evolucionen las normas que rijan los trámites administrativos o medioambientales, el Ayuntamiento seguirá manteniendo una posición de «total rechazo» a la instalación de aerogeneradores frente a la franja costera del cabo de Trafalgar. Mientras, el alcalde de Conil, Antonio Roldán (IU), apreció que el Gobierno «clarifique» y «regule desde lo público, porque hasta ahora las empresas iban campando a sus anchas en el planteamiento de sus proyectos», apostilló.