El Gobierno autoriza la OPA sobre Endesa con condiciones asumibles para Gas Natural

La OPA hostil lanzada por Gas Natural sobre Endesa ya tiene la luz verde del Gobierno. El Consejo de Ministros autorizó ayer la concentración de ambas compañías, a la que puso veinte condiciones para proteger una «competencia efectiva en los mercados y los intereses de los consumidores». Esas exigencias incluyen la venta de activos para que la empresa resultante de la operación tenga una menor dimensión que Endesa en el sector eléctrico y que Gas Natural en el gasista, con lo que se reducirá la concentración en ambos mercados, subrayó Pedro Solbes. Una vez reducido el tamaño, «la integración de ambas actividades hará posibles eficiencias que ahora no tenemos», explicó el vicepresidente, quien restó importancia a la recomendación de veto formulada por el Tribunal de defensa de la Competencia, que el Ejecutivo ha desoído. Los requisitos fijados son, según diversos expertos, asumibles por la firma gasista, que valoró «satisfactoriamente» la decisión. Su consejo de administración se reunirá la próxima semana para analizarlos con detalle y determinar si sigue adelante.

De esa forma, queda encarrilada la oferta que Gas Natural presentó el pasado 5 de septiembre para crear un gigante energético de dimensión europea. El grupo controlado por La Caixa ofrece 21,3 euros por acción, que pagará en metálico en un 34,5%. Los títulos de Endesa rozan ya los 25 euros. La OPA, la mayor en la historia de España, ronda los 22.600 millones. Ahora el proceso queda en manos de los accionistas de la eléctrica, a los que corresponde aceptar o no la oferta -posiblemente, la empresa gasista la mejorará- cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la operación.

El Gobierno ha eludido abordar el acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola para el reparto de activos, uno de los aspectos más polémicos de la operación. En cambio, obliga al operador gasista a vender instalaciones de generación con una potencia de 4.300 megawatios (MW), más de lo que aporta Gas Natural. Durante dos años no podrá comprar ninguna central de ciclo combinado. De esas desinversiones, 400 MW deben estas ubicados en Cataluña y otros 400 en Andalucía, las dos comunidades en las que el nuevo grupo tendría una mayor presencia.

El 10% de la demanda

Además, la compañía tendrá que desprenderse, mediante subasta, de una cantidad anual de gas de 1.800 millones de metros cúbicos durante tres ejercicios a partir de 2007 -cantidad que equivale a la importada por Endesa el pasado año-, y reducir al 60% su cuota de mercado en la distribución de esa materia prima. También deberá poner en el mercado la parte del contrato suscrito suscrito con la firma argelina Sonatrach que exceda de las necesidades del suministro a tarifa, con un máximo de 1.000 millones de metros cúbicos; y vender redes de distribución de gas que incluyan un mínimo de 1,5 millones de puntos de suministros. De esa forma, pondrá a disposición de sus competidores el 10% de la demanda de gas en España.

Esas medidas son algunas de las planteadas por la Comisión Nacional de la Energía -controlada por el Ejecutivo-, que se pronunció a favor de la OPA, y por los votos particulares al dictamen negativo del TDC, donde los vocales afines al PP son mayoría. Con ellas, el Consejo de Ministros pretende garantizar la competencia. Los activos que saldrán al mercado equivalen al negocio de electricidad de Gas Natural y al de gas de Endesa. Así, si la concentración tiene éxito, con ellos podría surgir un nuevo operador eléctrico y dos gasistas, según Solbes. El Gobierno -explicó- ha buscado un adecuado equilibrio entre la libre toma de decisiones empresariales y la protección de la competencia y de los intereses de los consumidores.

El «interés de España»

El responsable de Economía restó importancia al veto propuesto por el TDC, y destacó que los posibles riesgos para la competencia de la operación pueden ser resueltos con soluciones «menos agresivas».

La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la autorización en el «interés de los ciudadanos», que, a su juicio, experimentarán «una mejora de la calidad y una reducción de precios» por la entrada de nuevas compañías tras las condiciones impuestas a la fusión.

El Ejecutivo -añadió- también ha tenido en cuenta «el interés de España, porque la empresa resultante estará entre las mayores de Europa».