Comienza la repetición del juicio a los 13 presos implicados en un motín en Alicante que se saldó con un muerto

La Audiencia de Alicante acogió ayer, entre fuertes medidas de seguridad, la primera sesión de la repetición del juicio por el motín de la cárcel de Fontcalent (Alicante), ocurrido en 1990 y en el que murió un interno, que fue anulado por el Tribunal Supremo al considerar que no se garantizaron los derechos de los procesados por haber declarado a través de videoconferencia.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 36 y los 179 años de cárcel para los trece acusados por la revuelta que, según declaró ayer uno de los presuntos cabecillas, M. P., fue el desencadenante de las «palizas» que sufrían los presos en régimen de aislamiento. El acusado, sin embargo, rechazó que el motín fuera la causa de la muerte de un interno de origen argelino ya que, según dijo, ésta se debió a un ajuste de cuentas.

En la primera sesión del juicio, el reo declaró que este tipo de internos sufría «malos tratos, aberraciones y palizas y, por desgracia», tuvieron que llegar «a ese extremo» para hacer públicas sus «reivindicaciones».

Denuncias

Preguntado por si había denunciado los supuestos malos tratos a los que aludía, el inculpado contestó que le «salieron callos» de escribir denuncias, «que en su mayoría no han salido ni de la cárcel». Recordó que en el motín, que duró 48 horas entre el 12 y el 14 de noviembre de 1990, les dieron «unos comunicados» reivindicativos a los primeros liberados y que él pidió un coche y un helicóptero, aunque también «evitó personalmente» que la revuelta llegase «a los módulos de mujeres y menores».

Si bien reconoció «haber sacado al muerto» -en alusión al cadáver del preso preventivo argelino que falleció- y «soltarlo» desde el muro del penal en que se sentó, desvinculó ese fallecimiento del motín y los objetivos de éste.

La Audiencia de Alicante condenó en su día a 12 de los entonces 19 inculpados en la revuelta -que declararon por videoconferencia desde la misma cárcel de Fontcalent para evitar los traslados dada su peligrosidad- a un total de 763 años de prisión.

No obstante, las defensas recurrieron el fallo y éste fue anulado después por el Tribunal Supremo, que entendió que los derechos de los sentenciados no fueron suficientemente garantizados al declarar por el sistema citado.

Más de 45 agentes, entre efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, integran el excepcional dispositivo de seguridad con motivo de la repetición del juicio, que se prolongará, en principio, hasta el próximo 17 de febrero.