Incertidumbre energética

Siempre es de agradecer que las empresas, especialmente las cotizadas en Bolsa, extremen la transparencia y comuniquen al mercado los nuevos datos que afectan directa o indirectamente a su solvencia o a su cuenta de resultados. Es lo que ha hecho Repsol el pasado jueves por boca de su presidente, Antoni Brufau, quien, a poco de llegar a la presidencia de la compañía en noviembre de 2004, en sustitución de Alfonso Cortina, creó un grupo de control de reservas dependiente de la comisión de auditoría y control del consejo de administración, independiente del equipo de exploración, al que se vinculaba con anterioridad.

El descenso de las reservas de gas y petróleo, que ha sido del 25% -unos 1.254 millones de barriles equivalentes de petróleo- y cuyo anuncio provocó una caída significativa del valor en Bolsa, se concentra especialmente en Bolivia -el 52%- y Argentina -el 41%-. La rebaja de las expectativas en aquel país, donde Repsol ha congelado además inversiones por valor de 400 millones de euros, proviene obviamente de la nueva Ley de Hidrocarburos boliviana y de la llegada al poder de Evo Morales; menos lógica es la reducción en Argentina, donde las circunstancias no han cambiado. Brufau aclaró que, por prudencia, su empresa ha puesto en duda la hasta ahora segura renovación de los pozos petrolíferos en este país, que culmina en el 2017.

Ante un mercado cargado de factores de incertidumbre, Repsol ha decidido hacer un ejercicio de realismo para evitar sorpresas desagradables, que en lo tocante a las reservas se hubieran percibido a largo plazo. El sector energético padece tensiones crónicas entre la oferta y la demanda, agravadas por la inestabilidad política de muchos países productores, pero también problemas relacionados con la inseguridad jurídica. Argentina -en los tiempos inquietantes de la crisis económica-, Bolivia -que se dispone a renacionalizar los hidrocarburos- y Venezuela -que ha alterado asimismo recientemente las reglas del juego- son países inseguros que deberían ser convenientemente presionados por la comunidad internacional para que entiendan que sin seguridad jurídica, sin una estabilidad garantizada del marco regulatorio, no saldrán del subdesarrollo, ni serán respetados internacionalmente, ni podrán contar con el auxilio de las instituciones económicas supranacionales.