El SAS indemniza a la familia de un hombre que falleció tras ser operado en San Rafael

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) indemnizará con 86.545 euros a los tres hijos de Fernando No Guerra, un hombre de 76 años vecino de Algeciras que falleció tras ser operado en el Hospital de San Rafael en Cádiz en junio del año 2003. Este centro privado es propiedad de la empresa Hospitales José Manuel Pascual y Pascual S.A., y tiene servicios concertados con el SAS.

La Consejería de Salud ha estimado la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial que fue presentada en septiembre de 2004 por el abogado gaditano José Luis Ortiz Miranda en representación de Fernando, José Luis e Inmaculada No Rodríguez.

El paciente ingresó en junio de 2003 en San Rafael con un problema de pie derecho equino varo, que le molestaba al caminar. Allí fue operado y dado de alta a los quince días. Sin embargo, tuvo que volver al centro hospitalario porque la herida quirúrgica no evolucionaba de forma correcta. De nuevo recibió el alta médica pero regresó a la clínica a finales de agosto con una infección profunda, según se recoge en la sentencia de la Consejería de Salud.

Graves consecuencias

Debido a esta complicación, el cirujano Rafael Álvarez Paredes decidió amputar la pierna derecha por debajo de la rodilla. Pero el enfermo, que además presentaba un cuadro de insuficiencia cardiaca severa, evolucionó mal y falleció el 15 de octubre de 2003 en el Hospital Universitario de Puerto Real, adonde había sido trasladado para recibir un cateterismo.

Tras recibir la reclamación administrativa, Salud inició una investigación para determinar si la actuación de los médicos que lo atendieron fue la correcta. El informe determina que la amputación de la pierna fue «inadecuada» por hacerse por debajo de la rodilla y asegura que, de haber sobrevivido el paciente, se le hubiera tenido que volver a amputar el miembro por encima de la rodilla.

La sentencia refleja también que en el consentimiento informado de Fernando No Guerra no figuran requisitos como el diagnóstico, el tipo de intervención a que iba a ser sometido, los riesgos propios del paciente ni los tratamientos alternativos. Tampoco figuran la fecha ni la firma del facultativo. Por tanto, el SAS estima que el consentimiento informado es «insuficiente» y reconoce en ello la responsabilidad del Hospital.

Sin embargo, durante la investigación de la Junta, el director administrativo general de José Manuel Pascual y Pascual, Víctor Cortezo, aseguró que la reclamación era improcedente porque la asistencia prestada al enfermo fue «en todo momento correcta».

Lo que la sentencia no reconoce es que hubiera una relación causa-efecto entre la amputación de la pierna y la muerte de Fernando No Guerra.

Esta resolución es una muestra de que «el SAS funciona en cuanto a la revisión de su propios actos», en opinión del abogado de la familia, José Luis Ortiz.