Alertan de posibles desigualdades territoriales del futuro Sistema Nacional de Dependencia

El futuro Sistema Nacional de Atención a la Discapacidad es una «gran oportunidad de reconstruir políticas sociales de Estado» y de corregir las actuales «tendencias a la fragmentación» territorial en la prestación de servicios. Positivo y trascendental como es el proyecto del Gobierno, su ejecución va a exigir de todas las administraciones públicas un amplio consenso y un gran ejercicio de responsabilidad. Es el análisis que la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) hace sobre la futura Ley de Promoción de la Autonomía Personal, cuya discusión con las Comunidades Autónomas inicia ahora el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

«De entrada, la futura Ley de Dependencia es un gran éxito de la política social en España». Para Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, autor del capítulo dedicado al proyecto, el llamado cuarto pilar del estado del bienestar aliviará la pesada carga que descansa ahora casi en exclusiva sobre las familias españolas, el cuidado de casi 1,3 millones de personas en situación de dependencia.

A falta del trámite parlamentario y la negociación con las CC AA, el marco general que esboza el texto plantea incertidumbres y algunos riesgos. El mayor de ellos, a su juicio, la falta de garantías de equidad territorial en la prestación de servicios.

«Hay que poner igualdad en un campo en el que las diferencias han crecido», apuntó Rodríguez Cabrero. Así, sin las necesarias medidas correctoras y la garantía de unas prestaciones mínimas comunes en todas las regiones, pueden repetirse las grandes diferencias que se dan ya en los servicios sociales y la sanidad.

El experto cree necesario, en este sentido, elaborar primero un mapa preciso de los servicios sociales que existen en la actualidad en todas las CC AA porque «ya ahora no es lo mismo ser dependiente en Navarra que en Andalucía o Extremadura». El Gobierno central debe garantizar -dijo- una inversión importante de partida durante los tres primeros años de implantación del sistema (2007-2015) para equilibrar la oferta de residencias, centros de día, servicios de atención al dependiente, etc en todo el territorio. Y crear, «con el tiempo, un fondo de cohesión interterritorial» que evite la brecha entre comunidades.

Renta

El mecanismo de co-pago por parte del usuario de una parte del coste de los servicios que reciba es otro de los puntos claves de la Ley de Dependencia. Aún se desconoce el modelo por el que optarán el Gobierno y las CC AA, si semejante al nórdico -en el que el usuario sufraga un porcentaje más o menos fijo de la factura- o si, como apunta el Ejecutivo, pagarán más quienes tengan mayor capacidad económica y menos aquellos con menor renta y patrimonio.