Mejor convicción que sanción

La ley antitabaco -oficialmente, Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco- además de un gran debate social también nace rodeada de incógnitas sobre su efectividad. El 77% de los españoles está conforme con las prohibiciones, pero casi la misma proporción -el 70%- desconfía de su cumplimiento.

En esa percepción ciudadana puede influir que la legislación contra el tabaco vigente desde hace casi veinte años en centros sanitarios y educativos no ha tenido un seguimiento ejemplar, ni hay noticia de que en todo ese tiempo se haya impuesto alguna de las sanciones previstas. Un riesgo semejante puede correr la nueva normativa que si bien dispone de cauces establecidos para la acción reguladora y punitiva en la venta, el suministro y la publicidad del tabaco, muestra un vacío palpable en lo que respecta a sus pretensiones sobre el consumo, que son las que despiertan más interés en la ciudadanía.

La ministra de Sanidad dejó claro el día que el Congreso aprobó mayoritariamente la ley que su régimen sancionador es competencia de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Esto, coherente con el reparto de competencias, paradójicamente contribuye a la confusión o dudas sobre la aplicación de la propia norma. Las posibles infracciones que se cometan, por ejemplo en los recintos de trabajo, lo serán contra la salud pública no contra el régimen laboral, pero las CC.AA. carecen de criterios y de tiempo para los preceptivos desarrollos de la ley que permitan su aplicación. Al menos así lo han expuesto las autoridades de Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Con todo, más importante que la acción coercitiva es la disuasión por las vías educativa y económica. Descartado el prohibicionismo absoluto que abriría un conflicto social empujando a los fumadores a la ilegalidad o la delincuencia, la realidad es que el consumo de tabaco se encuentra detrás del 16% de la mortalidad de nuestro país, provocando enfermedades cuyos costes sanitarios superan los 3.900 millones de euros anuales. Pero simultáneamente Hacienda recauda 4.900 millones por la tasa especial sobre el tabaco, más otros 1.262 en concepto de IVA, sin contar otros ingresos fiscales derivados de la actividad de las empresas del sector y de los casi 100.000 empleos directos e indirectos que generan. Son cifras que sostienen la pretensión, rechazada por el Gobierno, de que la sanidad pública ofrezca tratamientos de deshabituación como complemento a la severa, pero imprescindible, regulación que se estrena con el año 2006. La implementación de la nueva ley en el ramo de la hostelería puede provocar, si no se ejecuta con flexibilidad la creación de espacios de impunidad o irregularidad que en última instancia podrían desprestigiar la autoridad administrativa hasta extremos indeseables.