Golpe de Estado judicial del chavismo

La decisión del Supremo venezolano de usurpar las competencias del Parlamento y otorgar poderes extraordinarios a Nicolás Maduro es un hecho, sin precedentes, que constituye en esencia un golpe de Estado. Ni el poder judicial puede adjudicarse el papel del legislativo ni los jueces pueden otorgar por su cuenta más poderes al presidente que los que le confiere la Constitución. La sentencia invalida a los jueces que se han prestado a una maniobra en la que cualquier estudiante de Derecho podría reconocer una arbitrariedad inaceptable.

El chavismo está viviendo sus últimos momentos en la mayor de las zozobras, con la economía paralizada y la estructura institucional devastada por la corrupción. Es urgente poner fin a una farsa política que, con el auxilio de mediadores como Rodríguez Zapatero, no conducirá a ninguna parte, salvo a la catástrofe más devastadora para los venezolanos. Incluso los analistas más favorables al chavismo son conscientes de que estamos ante el final del régimen, que no habrá ningún milagro que salve este desastre, una tragicomedia protagonizada por alguien como Maduro, manifiestamente incapaz de gestionar los asuntos del país.

Aunque tímidamente, la OEA ha empezado ya a intervenir en la búsqueda de una salida que acorte la agonía del chavismo y reduzca los daños para los venezolanos. Los países que se empeñen en apuntalar a Maduro pagarán el doble precio de su derrota y su propio descrédito, porque el régimen venezolano ya no se puede salvar. Ha llegado el momento en el que todos los amigos de Venezuela –desde dentro y fuera del país, desde todas las ideologías democráticas– demuestren de qué lado están y dónde quieren estar en el momento en el que todo se desmorone, que será más temprano que tarde.